Semanas antes de la masacre de Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, un vigilante del cañaduzal en terrenos de un privado fue asesinado.
Desde entonces, los vigilantes que se turnaban esas labores en un predio privado, veían cómo -diariamente o con frecuencia- estos adolescentes ingresaban para bañarse en una laguna o a comer caña en esta zona arrinconada en el oriente de Cali.
En Llano Verde viven familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, de reinsertados y de reubicados de zonas de riesgos de inundación en el jarillón del río Cauca.
Es un barrio marginal que colinda con cientos de hectáreas de cañaduzales dentro de los llamados ejidos de Cali, terrenos que en la época de la Corona Española fueron utilizados para que la servidumbre y para que la población pudiera tener actividades de esparcimiento.
(Lea también: Llano Verde, acorralado por odios y grupos armados)
Hoy, 2’022.000 metros cuadrados pertenecen al municipio y son públicos, mientras 196.400 hectáreas más corresponden a un área de privados.
No obstante, como lo señaló el fiscal Barbosa, ninguno de los menores masacrados fue vinculado al asesinato previo de un vigilante, al tiempo que las familias reiteraron el llamado de que no son delincuentes y que exigen justicia para estos niños.
Estos antecedentes desembocaron en que aquel 11 de agosto, cuando los cinco menores de edad entraron al cañaduzal, fue como si ya tuvieran una sentencia de muerte encima, lo que coincidió con la hipótesis de la misma comunidad de un genocidio contra esta población de afrodescendientes, cuya mayoría vive en Llano Verde.
El ingreso de los adolescentes se habría registrado antes del mediodía, teniendo en cuenta que algunos de ellos no fueron a almorzar a sus hogares.
De inmediato, uno de los vigilantes que cayó detenido en el operativo adelantado por las autoridades, con la Fiscalía al frente de esta investigación de 16 días, habría alertado a sus dos compañeros.
Uno de ellos manejaba maquinaria pesada y el otro también sería vigilante, se comunicaron entre sí. Las autoridades revelaron que los dos presuntos homicidas serían parte de la banda los ‘Suzuki’.
Las horas avanzaron y en la tarde de aquel martes, los tres hombres -dos con armas de fuego y uno con arma cortopunzante, al parecer, un machete- habrían perpetrado la masacre.
Algunos vecinos de Llano Verde dijeron que ese día vieron salir del cañaduzal a dos hombres ensangrentados y con machetes.
Los homicidas habrían continuado en el sitio hasta que un morador de Llano Verde los vio salir apuradamente
Los asesinatos de los cinco muchachos se habrían registrado al final de la tarde, teniendo en cuenta también que algunas personas que buscaban a los adolescentes durante la tarde de ese 11 de agosto, llegaron de noche al sitio, donde hay una caseta.
Allí, según la comunidad, los presuntos asesinos se habrían ocultado apagando la luz del recinto.
Los homicidas habrían continuado en el sitio hasta que un morador de Llano Verde los vio salir apuradamente. Así empezó a correr la voz de que hombres untados de sangre habían salido del cañaduzal y exigían la detención -en ese entonces- por parte de la Policía.
Álvaro José Caicedo sostuvo que ingresó al cañaduzal donde estaban los cuerpos después de las 6:30 de la tarde. Lo hizo porque después de buscar a su hijo con amigos y en casas de otras familias de Llano Verde, entre las 3 y las 6 de la tarde, una familiar alertó que los cadáveres estaban en el cañaduzal.
El hombre halló a su hijo con una herida en el cuello, causada con arma cortopunzante, y varios golpes.
Álvaro Caicedo era el menor de todas las víctimas de esa tarde. Él tenía 14 años y cursaba octavo grado en la institución educativa Llano Verde de la Fundación Santa Isabel de Hungría, la cual pertenece a la Arquidiócesis de Cali.
El país se conmovió y mostró su repudio
Avanzada la noche del 11 de agosto, las demás familias llegaron al lugar y la Policía arribó al sitio, corroborando que allí estaban los cadáveres y que había sido una masacre.
Dos días después, líderes de la zona y hasta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), así como la lideresa Francia Márquez, repudiaron la masacre y señalaron que fue un genocidio contra la población afro en Cali y el país.
La Policía y el Ejército informaron en un comienzo, que la masacre habría sido por grupos armados ilegales asociados a fuerzas del narcotráfico.
Tras tres casi tres semanas sin recibir información al respecto, la población en Llano Verde exigió respuestas, al tiempo que algunas familias denunciaron amenazas en su contra.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, solicitó este jueves a la Fiscalía, el acompañamiento del FBI de Estados Unidos para la investigación del crimen que estremeció y todavía enluta a la capital del Valle.