Con la expedición de un auto, en donde se inicia la indagación, la Procuraduría le mete el acelerador a un proceso que estaba congelado. Senador Mauricio Lizcano ha dicho que fue un comprador de buena fe.
La determinación del procurador Fernando Carrillo Flórez implica el comienzo formal de varias pesquisas investigativas. La primera de ellas es la práctica de una visita administrativa al Senado de la República. Para nutrir el expediente, la comisión de funcionarios designada por el jefe del Ministerio Público va a solicitar al Congreso certificación, copia de la credencial de elección del parlamentario, así como los documentos que acreditan sus ingresos en esa corporación desde 2014 hasta la fecha.
En lo que tiene que ver con el predio Guamerú, adquirido por Lizcano y su familia en el año 2012, los analistas de la Procuraduría ya tienen órdenes de gestionar papeles en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría (Risaralda), adscrito a la jurisdicción de Quinchía. Allí, con el propósito de identificar la tradición del bien y su historia inmobiliaria rural, la obtención y cruce de información contenida en escrituras y certificados de tradición y libertad darán nuevas pistas sobre las actuaciones de Lizcano, a quien se señala de un supuesto despojo de tierras y tráfico de influencias.
Otro punto de referencia para el desarrollo de la investigación es la información que reposa en los archivos del Instituto Nacional de Vías (Invías). En esta institución se va a requerir a su director Carlos García, con el propósito que entregue documentación que haga referencia sobre si allí se han tramitado o solicitado licencias o permisos para la instalación y puesta en funcionamiento de una estación de servicio en el predio Guamerú que se constituyó en uno de los ejes centrales de la controversia.
Frente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio Público, en un expediente que empieza a nutrirse, también ordenó una visita administrativa. Según el proceso radicado bajo el número 937381 del año en curso, en esa institución se pretende determinar mediante la recopilación de diversos documentos si es cierto o no que, como lo han señalado varias denuncias, pudo incidir en el trámite y aprobación de licencias o permisos para la instalación y puesta en funcionamiento de la referida estación de gasolina.
Según información conocida por El Espectador, las indagaciones también implican gestiones investigativas en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), entidad encargada de verificar las condiciones ambientales en ese departamento y que para este caso también hacen referencia al inmueble Guamerú y la estación de servicio que se tenía previsto funcionaría en una vía entre Risaralda y Urabá.
Con respecto a las explicaciones que el senador Mauricio Lizcano debe entregar al Ministerio Público, el documento base de la indagación en poder de este diario señala que: “Notificar al indagado Óscar Mauricio Lizcano Arango la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que deberá suministrar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones”.
En este mismo sentido, señala la Procuraduría que si el congresista Lizcano desea ser escuchado en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de indagación, debe informarlo por escrito a la Secretaría de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. El asunto es que las pesquisas del Ministerio Público avanzan a buen ritmo y para mayor eficiencia en el recaudo de pruebas, el procurador Fernando Carrillo ha comisionado al procurador regional de Risaralda, quien se está convirtiendo en el hombre clave del caso.
La nuez de las denuncias contra Lizcano está esencialmente en la concesión de un permiso ambiental otorgado el 30 de junio de 2016 con el propósito de permitir el funcionamiento de la conocida estación de servicio. Dicho permiso fue adjudicado al parlamentario Lizcano y a su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano.
El caso, que desde febrero pasado generó gran controversia nacional por las denuncias de la periodista Diana Salinas y las supuestas dificultades para su emisión al aire en el desaparecido programa periodístico Especiales Pirry, da cuenta que el predio objeto de debate fue adquirido en 2012 y otros dos, cuya ubicación precisa es la vereda El Callao, con una extensión de 56 hectáreas.
No obstante, el asunto se enredó porque la denuncia periodística establece que las matrículas de los predios tienen observaciones que desde el año 2014, justo esos terrenos fueron reclamados por Blanca Ofelia Correa. El asunto es que se argumenta que Correa había adquirido el predio con antelación a 1995 mediante una hipoteca con la empresa MH Pineda. Lo crucial en el caso es que el 3 de noviembre de 1996 tanto Blanca Ofelia Correa como su pareja. Juan Fernando Acosta, desaparecieron en circunstancias poco claras .
Lo particular del asunto es que luego de la desaparición de las dos personas y de que el bien estuviera registrado en el año 2001 a nombre de la empresa MH Pineda, el terreno Gaumerú fue rematado por determinación de la justicia. Entonces aparecieron en escena los Lizcano, padre e hijo, quienes se convirtieron en sus propietarios. De inmediato comenzaron a tramitar en diversas entidades oficiales las licencias y los permisos para la puesta en funcionamiento de la estación de servicio ubicada en un sector clave y de gran afluencia de vehículos. Por esta razón es que la Procuraduría requirió información del Invías, la ANI y de la entidad ambiental Carder.
Al comenzar la recopilación del acervo probatorio, el Ministerio Público busca establecer en esencia si Lizcano efectivamente compró un terreno que estaba en proceso de restitución con unos dueños desaparecidos. Quiere determinar además si siendo congresista hizo trámites ante las entidades referidas.
Mientras sigue avanzando el caso, Mauricio Lizcano niega enfáticamente cualquier señalamiento en su contra y dice que los trámites los hizo un experto que se contrató. Es otro nuevo frente judicial que tiene que enfrentar el parlamentario, como quiera que en la Corte Suprema de Justicia también es indagado desde hace siete años por presuntos vínculos con paramilitares y aportes en su campaña de 2006 supuestamente procedentes del narcotráfico.
La posición del senador Lizcano frente al caso
Desde el momento en que se conocieron las denuncias en diversos medios de comunicación, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, descartó cualquier responsabilidad en actuaciones indebidas. La defensa del parlamentario se fundamenta en que tanto él como los demás miembros de su familia que adquirieron el predio lo hicieron de buena fe. Según ha dicho Lizcano públicamente, cuando compraron el predio Guamerú, y habían pasado dos años, fueron demandados ante la Unidad de Víctimas en donde varias personas solicitaron la restitución del inmueble.
El congresista ha señalado también que nada tiene que ver él o miembro alguno de la familia con la desaparición de las dos personas. Para Lizcano resulta absurdo que se quiera cuestionar un negocio, en donde 30 años antes habían desaparecido a dos personas y pensar en que tenía que saberlo es increíble. Afirma que se enteró de la situación del predio cuando interpusieron la demanda y descartó que como congresista hubiese tenido injerencia en trámites de licencias.
Los procesos en la Corte Suprema de Justicia
Además de la indagación preliminar que inició la Procuraduría, desde hace siete años, el congresista Mauricio Lizcano está a la espera de que se resuelva su situación en la Corte Suprema de Justicia. Son varios procesos los que afronta el congresista. El más voluminoso tiene 11 cuadernos y 37 anexos, y hace referencia a sus presuntos vínculos con el bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. También tiene otro caso vigente por la supuesta recepción de dineros para financiar su campaña por parte de un narcotraficante conocido con el alias de Patemuro.
En el último caso, en meses recientes el proceso avanzó al punto de que la magistrada auxiliar del magistrado Francisco Acuña, quien tiene el proceso a su cargo, puso a consideración de la Corte una apertura de instrucción. No obstante, el caso quedó en el congelador. Las demás denuncias se refieren al supuesto pago para una concesión minera, un cambio en una sesión del Congreso en la ley de licores y presiones a electores de Marmato.
