El Gobierno Nacional, bajo la firma del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha formalizado una de las decisiones más polémicas de su mandato. Mediante el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, se adopta de manera obligatoria el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una medida que adelanta gran parte de la reforma a la salud que se encuentra estancada en el Congreso de la República.
Para muchos sectores, este decreto es, en la práctica, una “reforma 2.0”, que entra en vigencia sin la necesidad de un debate ni el aval legislativo.
Los cambios clave que entran en vigor
El decreto reorganiza por completo el sistema de salud en torno a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). Estas redes, conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos, centralizarán la atención y garantizarán la continuidad del servicio desde los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) hasta los servicios de alta complejidad.
Uno de los puntos más críticos es que todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los CAPS, una propuesta que ya había sido rechazada por el Congreso. A partir de allí, el acceso a servicios especializados será coordinado directamente por el Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud, centralizando el control sobre el flujo de pacientes.
En el aspecto financiero, la ADRES se consolida como la única gestora de recursos, retirando este rol de las EPS. Si bien las EPS no desaparecen, sus funciones se limitan a 24 tareas administrativas, como la gestión del riesgo y la articulación de redes, pero sin poder manejar los millonarios presupuestos del sistema.
Críticas y advertencias de expertos
La decisión ha generado una oleada de críticas y advertencias por parte de asociaciones del sector, EPS, gremios hospitalarios y analistas.
- ACEMI, la asociación de EPS, ha calificado la medida como una transformación estructural sin una hoja de ruta clara ni una implementación técnica definida.
- La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha expresado su preocupación por la falta de claridad sobre los recursos para financiar la reorganización, especialmente en zonas rurales.
- Exministros y expertos en salud señalan que, al no tener un respaldo legislativo, el decreto es vulnerable a ser tumbado por la vía judicial, aunque su aplicación sea inmediata.
¿Reforma sin ley o ajuste necesario?
La implementación operativa del modelo comenzará en los próximos seis meses, y las EPS tendrán un plazo máximo de un año para adaptarse a las nuevas condiciones.
Este decreto representa un pulso directo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para algunos, es un intento de imponer la reforma por decreto; para otros, es un ajuste urgente y necesario para un sistema de salud que, a pesar de su cobertura, padece de fallos en el acceso y la sostenibilidad. La polémica está servida y el futuro del sistema de salud colombiano entra en una nueva fase de incertidumbre.
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