Parecía que el crimen de Edith Santos, ocurrido el 29 de agosto de 2014 en Acacías, iba a apaciguar los ánimos en el lucrativo cartel de la intermediación laboral en las zonas de influencia de Ecopetrol. Sin embargo, no ha sido así y, por el contrario, su asesinato dejó ver la punta del iceberg de un lío en el que hoy existen fuerzas oscuras que se han dado cuenta de la cantidad de dinero que se puede manejar en esta “industria alterna” a la actividad petrolera.
Edith era una líder cívica que adquirió gran poder en la zona de Chichimene, gracias a la defensa del derecho de los habitantes a tener la prioridad para llenar las vacantes que se abren en cada proyecto de exploración o explotación petrolera.
Sin embargo, hubo un momento en que, al parecer, empezó a ser una piedra en el zapato de quienes quieren apoderarse de una cadena ilegal de chantajes y extorsiones que hasta ahora da jugosos dividendos.
Se trata de una especie de filtro que algunas juntas de acción comunal han incrustado tan hábilmente en el sistema de contratación que ni las oficinas públicas de empleo, creadas por el Gobierno para poderlas controlar, han logrado eliminar este “trámite oculto”.
En el chantaje todos salen perjudicados, excepto los que reciben el dinero. En primer lugar, el aspirante a trabajar en la petrolera debe hacer un aporte de “inscripción”, que generalmente es el que garantiza que pase como un habitante tradicional de la zona de influencia, una de las condiciones legales para emplearse en el proyecto. Esa cuota varía entre los $300.000 y $500.000, de acuerdo a la vacante a la que esté aspirando. Ya cuando acceda al cargo tendrá que pagar otro aporte de casi un millón de pesos por el derecho a trabajar.
Todo es canalizado a través de ciertos líderes comunales que con dinero también han logrado el control de masas en sus veredas. La gente ayuda al “representante de la comunidad” a tener a raya a las firmas que subcontratan bienes y servicios con Ecopetrol (en especial transportes). En caso de que una subcontratista no acceda a contratar al personal o los proveedores recomendados, de inmediato organizan un bloqueo bajo el pretexto de la defensa de los trabajadores o el medioambiente.
Cada día de parálisis le puede llegar a costar al subcontratista de Ecopetrol unos $10 millones, por lo que rápidamente accede. Sin embargo, últimamente, antes de iniciar el proyecto se sienta con el líder de la zona de influencia a negociar las vacantes para asegurar que su proyecto no sufrirá retrasos por paros o protestas.
En lo corrido del año, Ecopetrol ha reportado que en la Orinoquia se han presentado 157 bloqueos a instalaciones o vías de acceso, frente a 87 casos ocurridos el año anterior. En 2015 ya se han presentado 16 ceses de actividades, mientras que en todo 2014 hubo 10.
En un informe reciente, El Espectador reveló que “los bloqueos impidieron que Ecopetrol extrajera once millones de barriles en 2014. Este año la cifra llega a 89.000 barriles diarios” en promedio en todo el país.
Claro, esta práctica ha restado legitimidad a quienes en verdad luchan por el bienestar laboral o defienden la biodiversidad de la región, pues ahora pocos creen que detrás de cada protesta haya peticiones honestas, no intereses económicos particulares.
El fenómeno es de tales dimensiones que en un sondeo realizado por El Espectador en las zonas de Castilla La Nueva, Apiay y Chichimene, los trabajadores que han accedido a pagar las “cuotas” dicen que un presidente de junta comunal que realice esta práctica llega a recibir hasta $50 millones mensuales.
“Hay líderes cívicos que hace cuatro años eran personas sencillas, campesinos humildes, y hoy son dueños de cinco o seis camionetas. Personas que han formado empresas proveedoras de bienes y servicios y que manipulan hasta las tarifas de los servicios que prestan. No critico que una persona surja y salga adelante montando su empresa, pero el caso se repite una y otra vez en diferentes zonas”, dice un contratista que estuvo trabajando en Acacías varios años, hasta que literalmente se cansó de ser extorsionado y prefirió no seguir licitando con Ecopetrol.
Por cuenta de ese “cartel de tarifas” un servicio de ambulancia, por ejemplo, que en otras zonas de influencia petrolera del país puede valer $20 millones mensuales, en el Meta llega a costar $60 millones. La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta investigaciones para crear mecanismos que impidan este monopolio de precios.
Denuncias no existen; sin embargo, un grupo de la Fiscalía intenta allanar pruebas a raíz del crimen de Edith Santos, para establecer los lazos entre las empresas de chantajes y los líderes comunales. Extraoficialmente, funcionarios cercanos al sector petrolero calculan que cerca del 6% del valor de los contratos de Ecopetrol se va para pagos de “cuotas ilegales”.
Mientras tanto, un tercer actor ya ronda este panorama. Bandas criminales como Bloque Meta, e incluso los Urabeños, ya han llamado a algunos presidentes de juntas o gerentes de empresas proveedoras indagando por la mecánica. La intención es apropiarse de este sistema de coimas.
Lo que dicen Ecopetrol y USO
Voceros de Ecopetrol, que sólo el año pasado dejó de producir 11 millones de barriles por paros y bloqueos en sus zonas de explotación, dijeron en una comunicación a El Espectador que la empresa rechaza contundentemente este tipo de “prácticas restrictivas de libre competencia que se desvían de los principios éticos comerciales, impiden la participación equitativa de los proveedores locales, estancan el desarrollo de la región y sus empresas, y adicionalmente es poco atractivo para los inversionistas”.
“Como empresa nos vemos afectados directamente con estas malas prácticas debido a que las tarifas que se establecen para la contratación de bienes y servicios superan los valores del mercado e incrementan sustancialmente los costos operativos, lo cual en algunos casos hace inviable la ejecución de nuestros proyectos. El tema lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes e igualmente hemos solicitado el acompañamiento de la institucionalidad a través de la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio”, agregaron.
Por su parte, Henry Jara, presidente de la USO en el Meta, también rechazó las prácticas, que calificó como extorsionistas, pero agregó que esto no puede ser un obstáculo para que las empresas evadan su responsabilidad de contratar mano de obra local.
“Está reglamentado por la ley que el ciento por ciento debe ser de la mano no calificada, pero también pueden solicitar la totalidad de la mano de obra calificada si existe en la zona. Lo que sucede lo han manifestado en especial los trabajadores foráneos, quienes dicen que les están cobrando una cuota. Esto básicamente es una extorsión. Quien tenga las pruebas que denuncie. No estamos de acuerdo con estas prácticas y quien se vea afectado debe denunciar para no ser víctima de estafa”, dijo Jara.
EL ESPECTADOR / Por: Jhon Moreno
