461 municipios, de 28 departamentos del país, participaron en la convocatoria del programa Vivienda Social para el Campo, que busca impulsar la construcción de vivienda rural nueva en todo el territorio nacional.
“Durante un mes nuestro equipo de vivienda rural realizó talleres virtuales y presenciales para dar a conocer este nuevo programa y su convocatoria, logrando que el 87,5% de los departamentos se unieran a este propósito. Esperamos con ello reducir el déficit de vivienda y mejorar la calidad de vida de los campesinos del país”, manifestó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
Cabe resaltar que, del total de entes territoriales participantes, 140 municipios hacen parte de los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET).
“Agradecemos a todos los gobernadores y alcaldes que nos enviaron sus propuestas para hacer realidad el sueño de las familias más pobres de las zonas rurales de tener una casa propia. Ahora, estas propuestas pasarán a evaluación para verificar el cumplimiento de requisitos y el 22 de diciembre tendremos el listado de los municipios beneficiados”, expresó el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz.
Los departamentos que no participaron en esta convocatoria son Guainía, Quindío, Atlántico y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este último será atendido de manera directa a través de la reconstrucción de vivienda a causa de los daños generados por el huracán Iota.
Para esta primera convocatoria el Minvivienda destinó recursos por $161.000 millones, que serán asignados en enero de 2021 a las propuestas seleccionadas según el Índice de Focalización de Vivienda Rural – IFVR, agrupación de municipios, proximidad geográfica, entre otros indicadores expuestos en la invitación pública.
Al respecto Saira Samur, directora de Vivienda Rural, agregó “La cofinanciación por parte del Ministerio es de 80% del valor de la propuesta para municipios con IFVR rojo y de 50% de contrapartida para los entes territoriales con IFVR verde. De esta manera brindaremos un apoyo equitativo a los municipios con mayores indicadores de pobreza y déficit habitacional.”
El próximo año, una vez firmado los convenios con las autoridades locales, se realizará la selección de las familias beneficiarias, dando prioridad a los hogares con jefatura femenina, madres comunitarias, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años; miembros de comunidades étnicas (indígena, afrodescendiente, raizal, negra, palenquera y rrom o gitano); víctimas del conflicto armado y excombatientes en proceso de reincorporación.
