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Un agente de tránsito que se desempeñaba como contratista en el municipio de Duitama fue capturado tras ser señalado por un ciudadano de solicitar dinero de manera irregular en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia permitió que se adelantara un operativo en coordinación con la Policía Nacional. Posteriormente, el caso fue presentado ante un juez de control de garantías el 16 de septiembre, donde el implicado aceptó su responsabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía.
Los delitos imputados fueron concusión y falsedad ideológica en documento público, conductas que, según la ley, afectan directamente la función pública. El acuerdo judicial estableció una condena de 52 meses de prisión, sin derecho a beneficios de excarcelación ni a medidas sustitutivas, al tratarse de un delito contra la administración pública.
En los próximos días se realizará la audiencia de verificación de aceptación de cargos, y posteriormente se llevará a cabo la lectura del fallo. En ese momento, el juez ordenará el inicio del cumplimiento de la pena acordada.
El caso abre un precedente en la ciudad frente al control de la gestión pública y la responsabilidad de los funcionarios, al tiempo que se reitera la importancia de la denuncia ciudadana para detectar y sancionar este tipo de prácticas.