La Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que el pasado 19 de agosto ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras revocar la medida de detención domiciliaria en su contra. Con esta determinación, el exmandatario podrá permanecer en libertad mientras se surte la apelación de la condena a 12 años de prisión por presunta manipulación de testigos.
Un proceso judicial de alto impacto
Uribe fue condenado en primera instancia, el pasado 1 de agosto, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al considerar que habría intentado influir en testigos dentro de un proceso que lo vinculaba con estructuras paramilitares. La jueza Sandra Heredia ordenó su captura inmediata para dar inicio al cumplimiento de la pena en modalidad domiciliaria, decisión que fue cuestionada por la defensa al señalar que vulneraba derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso.
Los abogados del expresidente argumentaron que, al haberse superado la etapa probatoria, no existía riesgo de manipulación de evidencias, y que Uribe había demostrado buen comportamiento y disposición al asistir voluntariamente a las diligencias judiciales.
El análisis jurídico
La Corte acogió esos planteamientos y ratificó que, mientras no exista una condena en firme, debe prevalecer la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Además, indicó que la acción de tutela era procedente en este caso, dado que se buscaba evitar un perjuicio irremediable frente a la captura inmediata ordenada en primera instancia.
Sin embargo, la decisión no significa el cierre del caso. El proceso penal sigue en curso y ahora está en la etapa de apelación, donde se definirá en segunda instancia si se ratifica o se modifica la condena impuesta a Uribe. El expediente, además, fue remitido a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la tutela y el alcance de las garantías fundamentales invocadas.
Lo que sigue para Uribe
En la práctica, la decisión le da oxígeno político y jurídico al expresidente, pues podrá continuar en libertad mientras se resuelve de fondo la apelación. Pero el panorama judicial sigue abierto: si la condena se confirma, Uribe deberá cumplir la sanción de 12 años de prisión domiciliaria; si se revoca, podría quedar libre de los cargos.
Por ahora, el fallo de la Corte Suprema se interpreta como un respaldo a la tesis de que la medida de captura inmediata era desproporcionada y carecía de justificación en este momento del proceso.
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