La Corte Constitucional mantuvo este jueves las restricciones fijadas hace dos años para que el Gobierno pueda reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato.
Luego de un prolongado debate que se inició el miércoles y concluyó hoy, el alto tribunal reiteró «que para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato (…) deberán cumplirse los requisitos previstos» en una sentencia de 2017.
La Corte Constitucional prohibió en 2015 las aspersiones de cultivos ilícitos con este herbicida por los potenciales daños que puede ocasionar a la salud, decisión que fue avalada meses después por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
En 2017 la misma Corte emitió una nueva sentencia en la que dejaba abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.
En marzo pasado el presidente Iván Duque pidió a la Corte Constitucional «una modulación de la sentencia» que regula el uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos ilícitos para hacer un «uso integral de las herramientas» contra para el narcotráfico.
En el auto 387 emitido este jueves, la Sala Plena de la Corte también pidió a las autoridades designadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes que continúen y concluyan a «la mayor brevedad posible el procedimiento de consulta con las comunidades étnicas y el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita», del departamento del Chocó, en la región del Pacífico.
Esa comunidad fue la que interpuso una acción de tutela (recurso de amparo) ante la Corte alegando afectaciones en la salud de comunidades indígenas chocoanas por el uso del glifosato.
La Corte también intimó a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo para que supervisen de manera conjunta «el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal segundo (…) de la Sentencia T-236 de 2017», informa Efe.
Igualmente señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la «minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente».
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