
Vías para la Paz:
Bogotá, D.C., 6 de octubre de 2025. El Gobierno nacional dio este lunes un paso decisivo para mejorar la movilidad y la conectividad en regiones históricamente rezagadas. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento que declara estratégicos 13 proyectos —con 20 ejes viales— del programa Vías para la Paz, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Para su financiación se destinarán 15 billones de pesos, y la ejecución está prevista entre las vigencias 2026 y 2035.
La aprobación, que ya contaba con aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), busca reducir costos de operación vehicular, disminuir tiempos de viaje y fortalecer el desarrollo regional mediante obras que impactarán directamente la calidad de vida de miles de personas.
Según Invías, las intervenciones comprenden 527 kilómetros de corredores y generarían aproximadamente 417.000 empleos en las zonas de influencia de los proyectos.

Corredores priorizados: de la Costa al Pacífico y los pasos fronterizos
El paquete de obras incluye corredores clave para la integración territorial y la economía regional. Entre los ejes priorizados figuran trayectos como Quibdó–Medellín, Quibdó–Pereira, Pasto–Estanquillo, San Francisco–Mocoa, Necoclí–Arboletes, Transversal Catatumbo y la Ruta del Arroz (San Marcos–Ayapel), entre otros.
También se contemplan proyectos en áreas con población indígena y afrodescendiente, y pasos estratégicos como puentes y vías al mar.
Impacto socioeconómico y movilidad
Jhon Jairo González, director general (e) de Invías, señaló que la priorización responde a la necesidad de intervenir corredores primarios y regionales “que requieren su intervención para mejorar la movilidad y conectividad de las regiones y sus habitantes”.
En la práctica, estas obras pretenden reducir costos logísticos, facilitar el acceso a servicios y mercados, y dinamizar las economías locales mediante contratación y empleo directo e indirecto.

Una apuesta por la integración territorial
El Gobierno, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, presenta la inversión como una política orientada a la equidad territorial: un compromiso para integrar regiones históricamente apartadas y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Qué sigue
Con la aprobación del Conpes y el aval del Confis, los proyectos pasan a la fase de programación presupuestal para las vigencias 2026–2035. A partir de allí se desarrollarán los estudios, diseños, procesos de contratación y, finalmente, la ejecución de obra en cada corredor priorizado.
En resumen: 15 billones de pesos, 527 kilómetros de intervención y cerca de 417.000 empleos proyectados ponen en marcha una ambiciosa hoja de ruta vial que busca conectar regiones y abrir nuevas rutas de desarrollo.
El reto ahora será garantizar transparencia, gestión técnica y seguimiento social para que los beneficios lleguen verdaderamente a las comunidades.