Ante la contundencia de los elementos de prueba y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el juez décimo Penal del Circuito de Bogotá impuso 19 años y 2 meses de prisión al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
El fallo también determinó que el sentenciado deberá cumplir la pena en centro carcelario y pagar una multa de 485 salarios mínimos mensuales vigentes.
En el curso del proceso la Fiscalía demostró que el exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en investigaciones penales contra aforados constitucionales.
En el entramado de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno se encargaba de acercarse a los denominados ‘clientes’ para pedirles dinero a cambio de la mediación ilegal. Cuando las personas contactadas accedían a pagar, la suma era distribuida entre Ricaurte Gómez y los otros señalados integrantes de la estructura, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones.
“Evidentemente, la Fiscalía logró cumplir lo que prometió en su teoría del caso, es decir, demostrar la existencia de las conductas punibles como fuere concierto para delinquir agravado en condición de autor a título de dolo. También, igualmente, pudo demostrar tres cohechos”, resaltó el juez en su decisión.
Dos de estos cohechos se presentaron en casos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones de pesos para dilatar o archivar la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió 400 millones de pesos.
En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron dos pagos por 250 y 290 millones de pesos.
Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía para presuntamente demorar un proceso por corrupción.
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