La Unidad de Restitución de Tierras, junto con otras entidades comprometidas con la reparación integral de la comunidad indígena de Kanalitojo participaron el VII Comité de Justicia Transicional Departamental convocado por la Gobernación de Vichada. Allí se hizo seguimiento a la medida cautelar en favor de este resguardo de Puerto Carreño, beneficiado con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que, en 2019 ordenó la restitución de 1.300 hectáreas a la comunidad.
En representación de la Unidad asistió Wilson Leyton, director territorial en Meta, acompañado de su equipo étnico y de articulación institucional y señaló que se trabaja conjuntamente con la institucionalidad y con la Fuerza Pública para lograr que las 224 personas integrantes de la etnia, integrada por los pueblos nómadas Amorúa, Sikuani y Sáliba, reciba materialmente su territorio.
Por su parte, la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Sally Mahecha, explicó que la Unidad se enfoca en el avance de los procesos de restitución étnica para apoyar a indígenas y afrocolombianos en la conservación de su relación con el territorio. “Este es un paso más hacia la materialización de la restitución de los derechos territoriales del Resguardo indígena Kanalitojo”, expresó.
La renuencia de los opositores a desalojar algunos predios que ocupan dentro del territorio y la emergencia sanitaria decretada por la propagación del COVID – 19, son las principales dificultades para realizar la entrega física del territorio ancestral a la comunidad de Kanalitojo.
Ante la urgencia de que la comunidad ancestral pueda gozar plenamente de su territorio restituido el Comité propuso que a la mayor brevedad se lleve a cabo el desalojo de los ocupantes. Así las cosas, el inspector de Policía Municipal, que fue
comisionado por el Tribunal para acompañar la diligencia, contará con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría; al igual que la Gobernación, Alcaldía y Fuerza Pública para el traslado de ganado y enceres de los opositores.
Por su parte, Luis Carlos Huertas, vocero del resguardo Kanalitojo insistió en que “el clamor de la comunidad es que cuanto antes se haga el desalojo de los ocupantes y la devolución material del territorio, ya que se han generado múltiples afectaciones como el hurto de 34 reses, amenazas contra los líderes, difamación a través de redes sociales y un hecho aún más grave relacionado con casos de desnutrición de los niños Amorúa, debido a que no podemos hacer uso de nuestras tierras para las labores de caza y pesca”.
La restitución de la comunidad indígena de Kanalitojo fue ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá a través de la primera sentencia étnica de restitución de la Orinoquía colombiana. En el fallo fueron ordenados, entre otros beneficios la revocatoria directa de las adjudicaciones de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao y Fortaleza; la entrega material del terreno; actualizar la georreferenciación sobre la totalidad del área restituida, que será destinada para la constitución del resguardo Kanalitojo; y el acompañamiento de la Fuerza Pública, que además deberá garantizar la seguridad de la zona.
“La Unidad de Restitución de Tierras sigue plenamente comprometida con lograr la restitución efectiva del territorio ancestral a sus legítimos dueños y así dar cumplimiento a las órdenes judiciales”, puntualizó Wilson Leyton, director territorial de la Unidad en Meta.
