La Procuraduría pidió información sobre este delito en 5 departamentos y 4 municipios.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades de cuatro departamentos y cinco municipios un informe de las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos de más de mil personas, por hechos violentos ocurridos en el bajo Cauca, Nariño; sur de Córdoba, Caucasia, Antioquia, y en los límites entre Boyacá y Casanare.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó al Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano; al alcalde de Magüi Payán, Walter Quiñones; al Comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Jorge Horacio Romero Pinzón; y al Comandante de Policía de Nariño, coronel Haidiber Restrepo Ríos, un informe sobre las medidas que tomaron para proteger a la población y evitar el desplazamiento
Así mismo, le pidió a la gobernación de Córdoba; al alcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta; al Comandante de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda Riaño, y al Comandante de Policía Córdoba, coronel Marcelo Napoleón Russi Cárdenas; un informe sobre el conocimiento de amenazas y medidas de protección para preservar la vida del líder comunal y “presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Pedrito de San José de Uré, Córdoba, y de la población para evitar el desplazamiento de 75 familias (375 personas) por amenazas por parte del grupo “Caparrapos” y enfrentamientos entre ellos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
El ente de control también requirió al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; a los alcaldes de Cáceres, José Mercedes Berrío Berrío, y de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez; al Comandante Séptima División del Ejército, brigadier general Jorge Arturo Salgado Restrepo, y al Comandante de Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, sobre las acciones tomadas para proteger a 149 familias (383 personas) del pueblo Zenú y de comunidades campesinos en los municipios de Cáceres, Antioquia, y 25 familias (125 personas) de la vereda de Puerto Colombia del municipio de Caucacia, debido a la presencia de hombres armados en estas regiones, además del riesgo de un posible desplazamiento de otras 350 familias residentes en la zona.
La Procuraduría, igualmente pidió al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; al alcalde de Paya, José Roldan Maldonado Perez; al Comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Jaime Agustín Carvajal Villamizar; y al Comandante de Policía Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez Martínez; un informe de las acciones para proteger la vida de tres familias que abandonaron sus viviendas luego de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, motivo por el cual otras personas de la comunidad de Paya se encuentra en riesgo de desplazamiento forzado.
