
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro mujeres y cinco hombres que, en dos hechos aislados, habrían exigido distintas sumas de dinero a personas para garantizar sus vidas. Los casos se presentaron entre 2023 y 2024 en localidades del Meta.
Los procesados fueron capturados en Villavicencio (Meta) y Medellín (Antioquia) por el grupo Gaula de la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes judiciales.
Según su presunta responsabilidad en los hechos indagados, los procesados fueron imputados por delitos como: extorsión agravada consumada, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Ninguno aceptó los cargos.
Los detenidos harían parte de grupos delincuenciales y se cree que se identificaban como integrantes del ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc.
- En uno de los casos fueron capturados Noel Cristóbal Pérez Cifuentes alias Lobo, Nancy Judith Durán Castillo, Carlos Julio Romero Medina y Nelly Patricia Parrado Luján, quienes desde el 2023 habrían recibido varias consignaciones a través de empresas de giros y bancos, por parte de un ganadero de la capital metense. (Foto de portada)
Pérez Cifuentes fue enviado a la cárcel, como presunto cabecilla en este hecho, junto a otra persona capturada en Ibagué (Tolima), los demás fueron imputados por ser los cobradores de los depósitos realizados por la víctima.
- El otro hecho permitió la judicialización de Miguel Alberto Muñiz Quinchía, Andrés Correa Flórez, Viviana Estella Chávez Cano y Carmen Emilia Quinchía Quinchía. Estas personas fueron capturadas por orden judicial en diligencias de allanamiento en Medellín (Antioquia). Jeisson Estiven Bernal García detenido por hechos similares fue vinculado al proceso.
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Miguel Alberto Muñiz Quinchía, Andrés Correa Flórez, Viviana Estella Chávez Cano y Carmen Emilia Quinchía Quinchía fueron imputados por secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir.
Los procesados, al parecer, contrataban a sus víctimas para realizar trabajos en sus profesiones, para luego secuestrarlos y exigir dinero a sus familiares por su liberación.
El juez del caso ordenó detención privativa de la libertad intramural contra Bernal García y domiciliaria para los demás.