Gustavo Petro- Iván Mordisco
La polémica se intensifica tras la asunción de responsabilidad del presidente Gustavo Petro, quien defendió la orden militar como una necesidad para proteger a las tropas.
Bogotá, [Fecha de hoy] – La controversia por la ofensiva militar en el departamento de Guaviare escaló dramáticamente esta semana, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara que siete de las 20 personas fallecidas en el bombardeo contra un campamento de las disidencias de las FARC eran menores de edad.
La operación, dirigida contra la estructura criminal de Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ha reavivado el doloroso debate sobre el reclutamiento forzado y los límites del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el conflicto armado colombiano.
Los hechos: cifra confirmada y objetivo militar
El operativo, que se ejecutó a principios de esta semana por orden directa del presidente Gustavo Petro, tenía como objetivo desarticular una de las bases principales de las disidencias en el sur del país.
Medicina Legal confirmó que, de los cuerpos trasladados para análisis forense, siete corresponden a menores de edad (cuatro de sexo femenino y tres de sexo masculino). Las víctimas estaban presuntamente vinculadas a las filas armadas de ‘Iván Mordisco’. La operación también resultó en la captura de un presunto disidente y el rescate de tres adolescentes más, que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La respuesta de Petro en X: «Asumo la decisión»
Ante la ola de críticas generadas por la muerte de los adolescentes reclutados, el presidente Petro utilizó su cuenta en la red social X para lamentar las muertes y, al mismo tiempo, justificar la decisión militar.
En una serie de publicaciones, el mandatario asumió la responsabilidad total de la orden, argumentando que la acción era necesaria para evitar un daño mayor a las fuerzas de seguridad:
«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión.»
Esta postura generó una reacción inmediata, pues el presidente, durante su época de oposición, había condenado duramente bombardeos con víctimas menores, llegando a calificarlos de «infanticidio».
Debate ético y el DIH: ¿Víctimas o combatientes?
El suceso ha polarizado las esferas política y jurídica.
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Defensoría del Pueblo: La entidad, encabezada por Iris Marín, confirmó la cifra de menores fallecidos y reiteró que, aunque estuvieran en un campamento armado, la niñez en el conflicto debe ser vista como víctima de reclutamiento forzado. La Defensoría instó a las Fuerzas Militares a adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, bajo los principios del DIH que obligan a evitar daños desproporcionados.
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Ministerio de Defensa: El titular de la cartera, Pedro Sánchez, defendió la legalidad del operativo, argumentando que la distinción fundamental en la guerra es entre combatientes y no combatientes, no la edad. «Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí«, afirmó Sánchez, respaldando la legitimidad de la operación.
En el Congreso, legisladores de oposición han anunciado que radicarán una Moción de Censura contra el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante lo que consideran una violación de los principios de protección a la niñez en el marco de la «Paz Total».
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer las identidades plenas de los jóvenes y determinar si se cumplieron todos los protocolos de inteligencia y precaución antes de ejecutar el bombardeo.
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