Frente a la solicitud de la Fiscalía, fue ordenada medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra Nohora Stella Abril Fuentes, docente de 41 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de su excompañero y padre de su menor hijo ocurrida en mayo de 2015, en Yopal (Casanare).
Según la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación, la muerte de Álvaro Ramírez Montaño de 59 años, funcionario y dirigente sindical de la Gobernación de Casanare se produjo en su propia vivienda.
Al parecer, hasta la casa de Ramírez Montaña habrían llegado 3 hombres y una mujer que se hicieron pasar como funcionarios del ICBF y, luego de ingresar, ataron de manos y pies a la víctima junto con uno de sus hijos que se encontraba en el lugar, registraron la vivienda, hurtaron 35 millones de pesos, documentos y el celular de la víctima, lo agredieron con arma de fuego, causándole la muerte, y emprendieron la huida.
Algunas de las evidencias darían cuenta de que Nohora Abril, en compañía de otra persona, contactó a quien presuntamente sería un integrante de la fuerza pública y le habría entregado 50 millones de pesos por el homicidio de Álvaro Ramírez, padre de su hijo, entonces de 14 años.
Los documentos hurtados de la vivienda, presuntamente, tendrían que ver con el proceso de custodia del hijo que tenían en común la víctima y la hoy procesada, y con la disolución de la sociedad patrimonial de hecho que adelantaban.
Ante el Juzgado 2° Penal Municipal con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos contra Nohora Stella Abril Fuentes por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y hurto calificado y agravado. Los cuales no fueron aceptados por la acusada.
En el mismo proceso, el señor Saúl Saavedra Achagua, quien se encuentra detenido por otros delitos, se le identifica como a la persona a la cual, al parecer, se le entregó el dinero para que se cometiera el ilícito.
Ante la decisión del juez la Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de la imputada y garantizar que esté en buenas condiciones, esto antes de realizar el traslado al lugar de detención.
