El contratista se fue con $3.800 millones y solo ejecutó el 6% de la obra.
La Contralora Departamental de Casanare, Carmenza Motta, dijo que las investigaciones fiscales para determinar quiénes son los responsables por un contrato de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yopal, que apenas se ejecutó un 6 por ciento, avanzan por buen camino.
Sin embargo recuperar los $3.855 millones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal le giró al contratista, será una tarea muy difícil.
Este contrato se firmó por $7.700 millones en 2011 con la empresa Inisa Colombia SAS, cuyo representante legal es Carlos Laucevicius, quien tiene cédula panameña y pasaporte brasilero.
Al contratista le pagaron el 50 por ciento de anticipo, es decir $3.855 millones y a la fecha solo se ejecutó el 6 por ciento, de acuerdo con las actas de liquidación que reposan en la investigación de la Contraloría.
En 2012 la Contraloría emitió Función de Advertencia con destino a la Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, para que tomaran los correctivos necesarios por este contrato.
Igualmente, se instó a cumplir eficientemente con la remoción de la carga orgánica en la PTAR de modo que se evite el pago de mayores valores por concepto de tasas retributivas a Corporinoquia.
Dice un informe de la Contraloría que “se verificó que el avance de la obra que se alcanzó en este contrato fue solamente del 6.06%, por valor de $467.559.673, faltando por ejecutar el 93.94%”.
La conclusión es que se podría catalogar como un detrimento patrimonial porque le pagaron al contratista la mitad de los dineros del contrato y éste no se ejecutó sino el 94 por ciento.
Otras de las acciones que adelantó la Contraloría fue la verificación de que la EAAAY resolvió recurso de reposición interpuesto por el consorcio INISA y la Compañía de Seguros Cóndor, ratificando la declaratoria del siniestro del contrato.
“Se presenta la demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare contra la Aseguradora Cóndor, resolviendo el mandamiento de pago a cargo de dicha compañía. Simultáneamente la Gobernación de Casanare, requiere a la EAAAY el reintegro de los recursos obtenidos del siniestro amparado más los intereses moratorios”, dice la Contraloría.
