El pasado 29 de octubre de 2018, la Administración Municipal de Ubaté suscribió el contrato 014 por un valor de $20.970.000 con el objetivo de comprar nueve bicitriciclos de carga ($2.330.000 por cada uno) para ser entregados a la población recicladora que se dedica a esta actividad.
Esta noticia fue recibida con alegría por parte de las asociaciones recicladoras en Ubaté, pues estos vehículos iban a aliviar el proceso de su labor, facilitar el tránsito por las calles y poder reemplazar las bicicletas adaptadas. Sin embargo, lo que en principio fue visto como una ayuda, se convirtió en toda una desilusión.
Tras la firma de este contrato, tres meses después, es decir, el 15 de enero de 2019, la Alcaldía de Ubaté realizó la entrega oficial de cinco bicitriciclos, de los nueve inicialmente contratados, a la población recicladora, que con ilusión los recibió.
Para sorpresa de todos, estos vehículos empezaron a presentar fallas técnicas y de seguridad a solo horas de haber sido recibidos, por lo que obligó a los beneficiarios a reportar la situación y devolverlos.
La población recicladora que los recibió alude que las especificaciones técnicas no son las más cómodas para su uso. “Nunca nos llamaron y no nos hicieron partícipes de cuáles eran las especificaciones técnicas más convenientes para uso, pues no se tuvo en cuenta que existen adultos mayores que viven en partes altas del municipio y que deben cargar con un vehículo tan pesado”, cuenta Luisa Ramírez, vocera de Ángeles Recicladores.
Y es que, si bien, algunas de las especificaciones que el contrato mencionaba como contar con un “remolque de carga, puertas traseras, tres llantas rin 17, freno de guaya delantero, coster trasero, freno auxiliar de palanca para el remolque y cadenaje” vienen incorporadas, no se tuvo en cuenta su peso, un diseño ergonómico y una funcionalidad técnica útil. “El mismo día que nos los entregaron debimos devolverlos porque se empezaron a desbaratar y la soldadura se empezó a desprender. Vimos que era un peligro para nuestros recicladores, por lo que decidimos devolverlos”, explica Ramírez.
A su vez, el contrato mencionaba en sus especificaciones que los vehículos venían con dos luces blancas delanteras grandes y dos stop rojos traseros incorporados, así como dos baterías en el remolque, aspectos con los que no contaban estos bicitriciclos.
Martha Castiblanco, representante Legal de la asociación Aserub, indicó que desde hace tres años venían pidiendo estos vehículos, pero debido a que no hubo respuesta se vieron en la obligación de acudir a mecanismos legales. “Como asociación nos tocó entutelar al municipio para que nos escucharan, porque nunca nos han ayudado; y ahora al ver estos triciclos la verdad no le veo utilidad alguna, porque no nos sirven de nada. Tres años esperando para esto. No me parece justo”, expresa Martha.
El Área de Desarrollo Sustentable del la Administración Municipal, a cargo del ingeniero Felipe Reyes (supervisor del contrato) conoció de estas inconformidades y recibió los vehículos. El 25 de abril, tres meses más tarde, de nuevo entregó los bicitriciclos, pero la situación se repitió: no hubo mejoría en su parte técnica y en sus condiciones de seguridad, por lo cual, las asociaciones no los recibieron.
“El freno de mano trasero no funcionaba al usarlos en una loma ¿qué va a pasar? Además son muy pesados y la cadenilla rosa contra el tubo, entonces así no se pueden recibir”, resaltó Martha.
Ante este contexto, el titular del Área Sustentable fue enfático en señalar que los vehículos “sí sirven y se pueden montar y andar”, contradiciendo de esta manera a la población recicladora.
Reyes indicó, además, que estos triciclos son para el beneficio de la población recicladora, por lo que, de acuerdo con él, ya se habló de la posibilidad de que la población beneficiaria los usen como “contenedores móviles”, en donde dejan fijo el triciclo en algún lugar con el compromiso de llenarlo y luego ser transportarlo a los centros de acopio.
Mientras se resuelven estás diferencias, los cinco vehículos están arrumados en un patio del antiguo Matadero Municipal y el ingeniero Reyes, al no llegar a un acuerdo con el contratista, liquidó el contrato el 15 de abril de 2019, es decir, diez días antes de que se realizara la segunda entrega fallida a las asociaciones. De los $20.970.000 contratados, solo se pagaron $11.650.000, pues hicieron falta cuatro de los nueve vehículos pactados.
Esta situación motivó al concejal Fernando Moya elevar un derecho de petición a la Contraloría para que se revisara si se estaba cumpliendo con los objetos del contrato en la adquisición de los triciclos para los recicladores, teniendo en cuenta de que habían quejas de que los vehículos no cumplían las especificaciones para su uso. “Hubo un error desde el diseño del proyecto, pues no se tuvo en cuenta la normatividad indicada”, expresó el concejal.
De acuerdo con Moya, el ente de control le respondió que el contrato cumplía con lo acordado, pero que le había advertido al municipio “que espera que esos recursos sean realmente destinados y cumplan para lo que fueron destinados. Esos carros no los pueden usar por otro fin, pues eso sería malversación de fondos y por ende un detrimento patrimonial; eso lo dejó claro”, señaló.
Por ahora, mientras esta situación se aclara, los recicladores deberán seguir realizando sus recorridos habituales en sus vehículos improvisados.
REDACCIÓN LA VILLA
Redacción Chivas06/04/20194 Mins read
