En el municipio de Yopal, Casanare, la comunidad vivió días de creciente tensión debido al aumento del avalúo catastral y las consecuencias que este trajo consigo en el impuesto predial. La preocupación de los ciudadanos era evidente: los valores impuestos para el pago del impuesto habían aumentado considerablemente en varios casos, lo que generó un rechazo generalizado. Esta situación desencadenó una serie de protestas que incluyeron manifestaciones en las calles, paros y hasta la preparación de un sancocho comunitario el lunes anterior, como un acto simbólico de resistencia.
La respuesta de la Alcaldía llegó poco después. En un intento por apaciguar la situación, el alcalde Marco Tulio Ruiz anunció la creación de una mesa permanente de análisis y concertación. Su propósito era evaluar el proceso realizado por Catasig SAS, la empresa encargada de la gestión catastral en el municipio, y determinar si los avalúos catastrales se habían calculado correctamente y si los valores impuestos eran justos.
“El objetivo de esta mesa es revisar el trabajo realizado por Catasig. No se trata de un enfrentamiento con la Alcaldía, sino de una revisión profunda del convenio y de la metodología utilizada para calcular los avalúos”, dijo el alcalde Ruiz, quien enfatizó que la administración municipal estaba alineada con los intereses de la comunidad y que el objetivo era encontrar soluciones a los inconvenientes planteados por los ciudadanos.
A medida que avanzaba el conflicto, las protestas continuaban. La comunidad no daba tregua y seguía exigiendo una solución definitiva. Tarde de la noche del lunes 24 de febrero, el alcalde firmó y dio lectura al Decreto 028 de 2025, que oficializó la creación de la mesa de concertación. Este espacio, integrado por el alcalde o su delegado, representantes de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, la Oficina Asesora Jurídica, un delegado de Catasig, concejales, representantes de las comunas y los ediles, se complementó con la participación de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, así como de entidades nacionales como la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.
El alcalde Ruiz aclaró que, aunque la administración municipal no tenía la facultad legal para suspender el cobro del impuesto predial por decreto, se estaban buscando otras alternativas jurídicas que permitieran encontrar una solución justa para los ciudadanos. “Estamos trabajando para encontrar una solución y le pedimos paciencia a la comunidad mientras avanzamos en el análisis y la toma de decisiones”, expresó el mandatario.
La mesa de concertación no tenía un plazo definido, pero se esperaba que las instituciones involucradas aportaran soluciones concretas lo antes posible. “Queremos que las entidades responsables se comprometan a encontrar un acuerdo justo y rápido”, señaló Jorge Andrés Rodríguez, Secretario de Gobierno Municipal.
La Alcaldía también reiteró su respeto por las protestas pacíficas de los ciudadanos, aunque pidió que se respetara el trabajo de los funcionarios municipales que estaban dedicados a buscar una solución al conflicto. En este sentido, se invitó a los ciudadanos a participar activamente en el proceso de concertación, eligiendo a sus representantes para que, de manera conjunta, se pudieran tomar decisiones que beneficiaran a toda la comunidad.
Por su parte el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro, salió a desmeritar el trabajo de los emdios de comunicaicón por los cubrimeintos de la protesta, la cual calificó de sesgada y de tener ciertos intereses ‘politiqueros’.
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