Ante el inminente riesgo de desaparición física y cultural por la falta de espacio para la reproducción material y cultural de los pueblos que integran el resguardo indígena “Caño Mochuelo”, ubicado en Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), la Unidad de Restitución de Tierras, solicitó a la autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares en favor de sus 2.703 habitantes.
La solicitud radicada de manera electrónica en el Juzgado Especializado en Restitución de Cundinamarca y durante el aislamiento obligatorio, busca proteger el territorio indígena de 94.670 hectáreas que ocupa ese resguardo multicultural y multiétnico, al que pertenecen los 10 pueblos ancestrales: Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro, Amorúa, Yamalero, Maibén masiware, Sikuani, Cuiba Wamonae, Piapoco y Sáliba,
El ingeniero Wilson Leyton, director de la Unidad en Meta, señaló que el objetivo de este instrumento es que se adopten medidas eficaces y oportunas para frenar las afectaciones territoriales a la comunidad étnica de “Caño Mochuelo”, entre las que se encuentran: el confinamiento, abandono y despojo; la vulneración al derecho a la autodeterminación y al gobierno propio; vulneración al uso, ocupación y disfrute del territorio y de los recursos naturales; vulneración a la salud; al derecho a la seguridad alimentaria; y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se pretende que la medida cautelar también cobije a la comunidad Yajotja, puesto que sus miembros, son originarios del resguardo Caño Mochuelo y ellos tuvieron que huir hacia La Primavera, Vichada porque se presentaron casos de abuso sexual a niños y mujeres de la comunidad Merey (originaria de los Yajotja), además de amenazas a líderes por parte de grupos ilegales, y violaciones a los derechos territoriales.
Así las cosas, las pretensiones de la medida cautelar radicada por la Unidad de Restitución son: culminar el proceso de ampliación del resguardo Caño Mochuelo; fortalecimiento de los saberes ancestrales, la autonomía territorial, la integridad
política y organizativa y el gobierno propio, formación de líderes y el derecho propio, derecho mayor y la Ley Natural. Además, busca adelantar acciones que garanticen la seguridad alimentaria; diseñar e implementar el modelo de salud propio que garantice atención integral; y el fortalecimiento a la guardia indígena como medida de protección colectiva.
“La Unidad de Restitución de Tierras continuará trabajando por la reparación integral de los derechos a las comunidades indígenas de la Orinoquia”, puntualizó Wilson Leyton, director de la URT en Meta.
