Carlos Ramón González Merchán, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y hasta hace poco director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fue enviado a la cárcel por orden del Tribunal Superior de Bogotá, tras su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Según la Fiscalía, González fue pieza clave en el direccionamiento de contratos y en la entrega de $4.000 millones en coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de apoyos legislativos. El dinero habría salido de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados, irónicamente, a llevar agua a comunidades indígenas de La Guajira.
La investigación revela que González no solo autorizó el desvío de recursos, sino que también coordinó personalmente la entrega del efectivo. Tres mil millones fueron transportados por Sandra Ortiz a Iván Name. Los mil millones restantes, destinados a Andrés Calle.
El tribunal lo imputó por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación, cargos que no aceptó. Sin embargo, se consideró que podría obstruir la justicia y se ordenó su captura inmediata.
El escándalo golpea el corazón del llamado «Gobierno del cambio». González no era un funcionario más: fue uno de los arquitectos del proyecto petrista, estratega político, operador silencioso y figura de poder en la sombra. Su caída es un golpe directo a la credibilidad del Gobierno y a su círculo más estrecho.
Esta decisión llega apenas un día después de la renuncia de Laura Sarabia, otra figura clave del petrismo, que también salió del Gobierno en medio de diferencias profundas. El círculo de confianza del presidente se desmorona, mientras el silencio en la Casa de Nariño es cada vez más elocuente.
Los dos funcionarios más cercanos a Petro han caído. Uno se fue por dignidad. El otro, por corrupción. El llamado cambio, hoy, está bajo sospecha.
