Lo hizo acatando solicitud de la Procuraduría
TUNJA
La Procuraduría General de la Nación logró, a través de una acción popular, que el Tribunal Administrativo de Boyacá decretara la nulidad de la concesión de licores del departamento, por irregularidades en el proceso de licitación.
En fallo de segunda instancia el tribunal señaló que la concesión, otorgada en enero de 2003 a la Unión Temporal Licorandes Asociados, hoy Industria de Licores de Boyacá S.A., fue adjudicada sin que existiera un estudio de oportunidad y conveniencia que permitiera determinar los riesgos y las condiciones de rentabilidad.
El tribunal sostuvo que la gobernación no calculó si las utilidades proyectadas por la empresa seleccionada correspondían a la mejor opción financiera en términos del mercado.
Señaló, además, que el 2% de ganancia acordado menoscabó el patrimonio público, al desconocer parámetros constitucionales que definen el alcance y la destinación de las rentas generadas por una concesión como la otorgada.
Igualmente, determinó que el gobernador para la fecha en que se firmó la concesión, Miguel Ángel Bermúdez, otorgó el contrato sin la autorización de la Asamblea y, además, adoptó decisiones que le correspondían exclusivamente a esa corporación, como eran definir la conveniencia y la forma como el departamento debía entregar la venta de licor en la región.
En el fallo el tribunal ordenó a la gobernación iniciar los análisis técnicos y financieros para definir el mecanismo de explotación del monopolio de los licores más conveniente para el departamento, lo que deberá realizar en un término no mayor a seis meses a partir de que el fallo quede ejecutoriado.
Igualmente ordenó al concesionario restituir de manera inmediata todos los bienes inmuebles y muebles que le fueron entregados para su funcionamiento, que se encuentran ubicados en las plantas de Tunja, Moniquirá y Frutenza.
