El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín encontró culpable a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, quien perdió la vida después de que sicarios al servicio del Clan del Golfo lo balearan en el barrio Eduardo Correa de Tarazá (Antioquia) en 2014.
La decisión del juzgado obliga a la Unidad Nacional de Protección a pagarle una suma de dinero a la compañera permanente, hijo, madre y los 13 hermanos a modo de indemnización por los perjuicios morales y materiales, luego de que se concluyera que “existió una falla en el servicio por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP”.
El Director Administrativo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, manifestó que esta es una decisión necesaria, pero que todavía queda mucho camino por recorrer en términos de justicia.
“La justicia en Colombia es lenta, la justicia administrativa es aún más lenta y, eso es un tiempo injustificado en la toma de esta decisión, sobretodo porque es una expectativa de justicia objetiva. El Estado falló en su deber de protección y tendrá que hacerse responsable de la indemnización que esto implica para las personas afectadas y las víctimas directas”, señaló Vaca.
Inicialmente, se creyó que el asesinato de Cervantes no tenía relación con su labor periodística, pero a principios de 2016, se conoció el testimonio de Javier Vega Osorio, alias “Morroco”, miembro de la banda criminal “Los Paisas”, ante la Fiscalía. El detenido aceptó ser autor del crimen de Luis Carlos Cervantes.
Luis Carlos Cervantes era conocido como el “periodista más amenazado del país” y había sobrevivido a cuatro años de amenazas con un esquema de protección que le fue retirado el 24 de julio de 2014, tres días después de haber recibido amenazas de muerte. El 12 de agosto, menos de un mes después, fue emboscado y asesinado por sicarios del Clan del Golfo.
Su caso no es diferente al de otros periodistas perseguidos o amenazados, por lo que Pedro Vaca resaltó la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección en las agresiones contra Cervantes y otros periodistas.
“Desde hace varios años, incluso antes del asesinato de Luis Carlos, la Unidad Nacional de Protección y el Gobierno Nacional desmontan esquemas de protección de manera imprudente en muchos casos. Esta lección no ha sido aprendida. Aquí la Unidad Nacional de Protección no solamente debe indemnizar de acuerdo a lo que ha sido ordenado por el juez, sino que tiene que tomar las medidas correctivas de carácter interno para que estos hechos no se repitan en otros casos de periodistas en riesgo que necesiten protección”, señaló.
Pedro Vaca también recalcó que en Colombia, la impunidad en los casos de agresiones a periodistas alcanza al 96%. Por ello, es importante trabajar en la memoria de los periodistas víctimas, no solo por el entorno familiar y social que se afecta, sino también por el derecho a la información.
