Rechazó una tutela con la cual el excomandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, buscaba anular la orden de captura en su contra.
Por: RCN Radio
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela presentada por el general (r) Henry Torres Escalante con la que buscaba anular la orden de captura emitida en su contra en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de un campesino y su hijo menor de edad quienes fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
El alto tribunal consideró que la tutela no es el mecanismo judicial idóneo a la hora de solicitar la libertad, hecho por el cual le manifestó que cuenta con otros recursos para que se revise la decisión emitida por el Tribunal Superior de Yopal. «Cuenta con medios idóneos de defensa judicial para reclamar el amparo de las garantías que considera calculadas, y agotar los recursos contra las decisiones interlocutorias adversas».
Igualmente hizo un llamado de atención frente a lo que considera un desconocimiento de la tutela. «Las pretensiones del actor se alejan de la finalidad que reviste la acción de tutela, ya que este trámite constitucional no es una instancia del proceso penal, ni está instaurado como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco en la sede a la que se acude como última opción».
El excomandante Brigada XVI del Ejército es procesado por presuntamente haber ordenado la detención y posterior ejecución de los campesinos Daniel Torres y su hijo, Julio Torres, en hechos registrados en la finca El Triunfo, en el municipio de Aguazul (Casanare) el 6 marzo de 2007. Los jornaleros fueron presentados como guerrilleros del ELN abatidos en combate.
En el escrito de acusación, la Fiscalía citó a un grupo de testigos, entre los que se encuentran varios integrantes de la Brigada XVI del Ejército, quienes aseguraron que el general había planeado la incursión a la finca y el asesinato de estas dos personas para presentar resultados operacionales en la región.
El plan, según señalaron los testigos, tenía como finalidad silenciar a los dos jornaleros, quienes eran testigos en otros casos de «falsos positivos» en los que habrían participado otros integrantes del Ejército Nacional en la región. Los militares señalaron que habían recibido instrucciones precisas a la hora de ejecutar esa acción por parte del general Torres.
El general (r) se encuentra actualmente privado de su libertad en el Cantón Norte en Bogotá a la espera que se inicie el juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
