La idea es sancionar de una manera diferente a los morosos de inasistencia alimentaria y no con penas de cárcel.
RADIO SANTA FE
Una nueva política criminal integral que parta de la realidad delictiva nacional y dentro de la cual se despenalicen conductas que no deben ser carcelables, como la inasistencia alimentaria y conflictos de carácter comercial, laboral y administrativos, plantearon el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Así lo reveló el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, tras la reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada este jueves y en la cual fueron presentadas las propuestas que podrían ponerle fin al hacinamiento en las cárceles que se ha traducido en una grave crisis humanitaria en los centros penitenciarios del territorio nacional.
Sobre el caso de la inasistencia familiar, el Fiscal Martínez Neira consideró absurdo el tratamiento que establece la ley, la cual exige que a quien incumpla la obligación de aportar para el sustento de los hijos tenga que irse para la cárcel, con lo cual, advirtió, lo que el Estado asegura es que el condenado “nunca va a poder cumplir con las obligaciones alimentarias de su núcleo familiar”.
La idea es sancionar de una manera diferente a los morosos de inasistencia alimentaria y no con penas de cárcel.
Se presentará en julio
El Consejo Superior de Política Criminal determinó presentar el respectivo proyecto de reforma en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República que se inician el 20 de julio.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, descartó que las iniciativas para descongestionar las cárceles estén enmarcados en la llamada “ley de jubileo” con ocasión de la visita del Papa Francisco en septiembre próximo.
“El Consejo de Política Criminal ha dejado claro que los proyectos de ley que se presentan al Congreso por razones de la visita del Papa son inconstitucionales, por ser Colombia un estado laico”, advirtió Gil Botero.
A su turno, el Fiscal Martínez Neira notificó que “el proyecto de rebaja de penas no va más” y agregó: “Necesitamos soluciones de fondo en política criminal para la seguridad de los colombianos”.
En la sesión del Consejo, el senador Luis Fernando Velasco respaldó al Ministro de Justicia en su teoría de que construyendo con cemento y ladrillo no se va a solucionar la crisis carcelaria. Además reconoció el trabajo que el Ministerio ha venido haciendo en temas de mejora en infraestructura carcelaria y penitenciaria, algo a lo que también se unió la Procuraduría General de la Nación, miembro titular del Consejo Superior de Política Criminal.
En esta sesión estuvieron presentes, además del Fiscal General de la Nación, el Director del INPEC, la Directora de la USPEC, el Viceprocurador General de la Nación, representantes a la cámara, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, delegados del DNP, la Defensoría del Pueblo, de la Interpol y del Consejo Superior de la Judicatura.
Se acordó que en el desarrollo de la próxima sesión del Consejo se presentará el modelo a implementar por parte del Gobierno Nacional para la construcción de un infraestructura carcelaria y penitenciaria que cumpla a cabalidad con todos los estándares de calidad y de dignidad para la población privada de la libertad.
Tema carcelario
A propósito del tema carcelario, el ministro de Justicia se refirió al conflicto planteado por el sindicado del Inpec, que notificó que no recibirá más presos en los centros penitenciarios.
“Quiero dejar constancia que el el Gobierno le ha cumplido al sindicato. Se generó la adición presupuestal de 70 mil millones que permitirán proveer 1.036 vacantes en el INPEC. Estamos tratando de buscar un compromiso judicial y por eso haremos una consulta al Consejo de Estado. A los sindicatos les pido buena voluntad porque les hemos dado respuestas y soluciones para dar cabal cumplimiento a todo lo pactado”.
En la reunión del Consejo, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Agencia Nacional de Infraestructura, presentaron diferentes propuestas para mejorar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del país.
Con el proyecto APP (Asociación Público Privada), presentado por el DNP y la USPEC, se busca generar nuevos cupos en tres penitenciarías: Uramita (Antioquia), Popayán y Barrancabermeja: 2.044, 1.685 y 2.500 cupos, respectivamente, para un total de 6.229. Este proyecto tendría un costo estimado, para el 2017, de $314.878.373.431, por lo que el Consejo evaluará si es viable y conveniente.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura dio a conocer su propuesta de intercambio de predios como generador de soluciones de infraestructura carcelaria sin inversión adicional. Con esta estrategia, el sector privado se involucra en la construcción de cupos carcelarios, ampliando las cárceles existentes o, si se hace necesario, generando nuevos centros. Luego de la presentación el Ministro de Justicia estimó necesario evaluar si con esta estrategia se incurre en menores costos, se alivia la presión fiscal y si se optimiza el valor del portafolio inmobiliario del Estado.
El funcionario dio a conocer a los asistentes las diferentes experiencias que la cartera que él lidera ha tenido con diferentes entidades territoriales para la generación de cupos carcelarios como son el caso de Yarumal y Atlántico. “Luego de visitar el Seminario Cristo Sacerdote en el municipio de Yarumal, pudimos llegar a la conclusión de que esta es una buena oportunidad para construir un centro carcelario en el que aproximadamente 1.000 detenidos puedan trabajar, estudiar y realizar actividades que contribuyan decididamente a su proceso de resocialización. Esto, sin duda, ayudaría a aliviar la crisis carcelaria por la que atraviesa el país”, dijo.
El Viceministro de Política y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, informó sobre el convenio que se espera firmar a finales del mes de junio con la Gobernación de Barranquilla. “Queremos construir dos cárceles, una en el Atlántico, que cuente con cupos para 1.500 personas y otra en Barranquilla para 1.000 internos. Estas cárceles estarían destinadas para población sindicada, pues los condenados ya estarán cubiertos por parte de la nación”. Agregó que “en Barranquilla buscamos construir un espacio transitorio para las personas que están próximas a quedar en libertad”.
Lo que se espera con este convenio, según lo indicó el Ministro Gil, es replicar esta iniciativa a los diferentes departamentos y municipios pues esto ayudaría a construir un sistema penitenciario organizado, coherente, eficaz y eficiente. “Hemos venido haciendo un incremento de cupos muy importante, esperamos a final de año entregar aproximadamente 5.000 nuevos, esto nos ayudará a solucionar el problema de hacinamiento y además le daremos cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional frente a el estado de cosas inconstitucionales”, señaló el jefe de la Cartera.
