Carlos Augusto Pardo Barrera, alcalde vigencia 2008-2011, fue sancionado por apropiarse de más de 1.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El organismo de control encontró que el exmandatario local, como ordenador del gasto dio un manejo prohibido a los recursos del SGP, dado que se apropió sin ninguna justificación de dineros que debían ser destinados a salud, libre inversión y agua potable.
Afirmó el Ministerio Público en fallo de primera instancia que la conducta desplegada por Pardo Barrera es lesiva para el Estado y sus fines “por cuanto recursos que tenían una destinación específica para satisfacer precisamente necesidades sociales, fueron utilizados de manera indebida”.
Sobre este caso, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación “pudo detectar que muchas de estas transferencias tuvieron como destino la cuenta personal del disciplinado con otro agravante y es que no reposa en la Alcaldía de Cubarral, ni en forma física, ni en medio magnético, los soportes que respalden los pagos, ni los traslados realizados a través de estas cuentas”.
Se evidenció además que los recursos del sector salud fueron transferidos incluso a las cuentas personales del disciplinado y a otros destinos prohibidos por la Ley, menos a las EPS Caprecom, Comparta y Asocajas, entidades a las cuales el municipio mantenía vínculos obligacionales y que la administración entrante (2012) debió realizar acuerdos y conciliaciones para subsanar deudas superiores a 170 millones de pesos.
Para efectos disciplinarios, la Procuraduría Provincial realizó la investigación al periodo comprendido entre 21 de julio y 21 de diciembre de 2011 conforme a la Ley 1447 de 2011.
14 años de inhabilidad para el exsecretario de Hacienda
El organismo de control estableció además, que las cuentas también fueron manejadas por Jorge Arévalo Avendaño, quien se desempeñó como secretario de Hacienda del municipio y lo sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años.
Encontró la Procuraduría que las transferencias bancarias de las cuentas del Sistema General de Participaciones eran realizadas de manera conjunta por el alcalde y el secretario de Hacienda con claves independientes. Enfatizó en que como funcionario “le era fácil discernir qué recursos del SGP gozan de destinación específica y por ende no podían ser desviados o utilizados para otro fin, pues conocía de su ilegalidad, máxime si disponía de conocimientos técnicos y especializado en la materia”.
La falta cometida por los disciplinados fue calificada como gravísima a título de dolo, por cuanto su actuar fue consciente y deliberado, quedando claro que este proceder traicionó la confianza depositada en ellos por el Estado y por la comunidad.
Ante esta decisión de primera instancia procede recurso de apelación ante la Procuraduría Regional del Meta.
