Participaron 426 actores pertenecientes a 191 instituciones, agremiaciones, sectores sociales y productivos, comunidades indígenas, Ong’s, entre otros.
La política pública de educación ambiental que fue aprobada en el Consejo Directivo de Corporinoquia durante la sesión del pasado 18 de noviembre es un instrumento que se construyó con el propósito de fortalecer y masificar los procesos de Educación Ambiental y la participación, con orientación hacia un desarrollo humano con conocimiento y ética ambiental y a un crecimiento económico sostenible y responsable enmarcado en la productividad agropecuaria tradicional y tecnificada, la agroindustria, la industria de los hidrocarburos y la minería.
Su formulación contó con la participación de 426 actores pertenecientes a 191 instituciones, agremiaciones, sectores sociales y productivos, comunidades indígenas, Ong’s, entre otros, a través de mesas de trabajo adelantadas en la jurisdicción de Corporinoquia en los departamentos de Casanare, Arauca, Vichada, Cundinamarca y Boyacá.
Los tres pilares fundamentales en los que se basa la Política Pública de Educación Ambiental son:
- El conocimiento ambiental – Prevenir problemáticas y conflictos ambientales.
- Responsabilidad ambiental – Desarrollar gobernabilidad y gobernanza ambiental.
- La acción ambiental – Fortalecer la práctica educativa, el aprendizaje significativo y la participación comunitaria.”
De este modo el principal objetivo que se busca con la Política Pública de Educación es formar ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de gestionar problemáticas y conflictos ambientales a través de la participación y la concertación de acciones y decisiones en armonía con los propósitos de la Política Nacional Ambiental y el desarrollo regional sostenible con enfoque diferencial y territorial, la interinstitucionalidad e intersectorialidad.
