Jhon Kennedy Wilchez, sucesor de Villarraga en la Oficina Jurídica de Casanare, denunció que éste se fue sin entregar la Oficina ni unos títulos fiduciarios.

El renunciado magistrado de la judicatura, Henry Villarraga, fue secretario jurídico de Casanare en 2008, antes de posesionarse, en ese mismo año, en el Alto Tribunal, pero tampoco salió bien de allí. La contralora departamental tiene abierto en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por 65 mil millones de pesos de Casanare que estaban en fiducias y cuyos contratos desaparecieron.

Sin que se supiera públicamente, Henry Villarraga ya venía enfrentando otras denuncias por irregularidades suyas en el departamento de Casanare.

El extogado fue asesor jurídico del Gobernador de Casanare Raúl Flórez en 2008, justo antes de posesionarse en la judicatura. Flórez terminó destituido, y Villarraga fue sucedido por John Kennedy Wilchez.

“La oficina hecha un desastre realmente porque yo llego a la oficina y el doctor Villarraga nunca me hace entrega de la misma”, contó Wilchez.

Ahí empezó a sospechar. Villarraga como secretario jurídico de Casanare, debía recuperar 65 mil millones de pesos que la Gobernación anterior había puesto en fiducias para obtener rendimientos financieros, y cuyos contratos desaparecieron.

“Él fue quien recibió la oficina del gobierno anterior en el año 2008, entonces él debía de tenerlos, y si él no los tenía ¿qué era lo pertinente? hacer lo que hice yo interponer las denuncias penales por la no existencia de los títulos valores”, dijo el exjefe de la oficina jurídica de la Gobernación.

Villarraga debió tener resultados. Su sucedor le exigió los documentos originales de los contratos en cuestión.

“Lo cual fue infructuoso y por el contrario me respondió vía telefónica de una forma muy irrespetuosa, fue un tipo muy atrevido verbalmente”, aseguró John Wilches, quien denunció a Villarraga ante la Fiscalía.

“Él me llamó y me dijo que como ya había puesto las denuncias, que hiciera lo que quisiera, y con una terminología muy atrevida realmente y me dijo que él era Magistrado y que contra él no había nada que en cambio él sí podía joderme a mí porque tenía el poder”, agregó.

Villarraga terminó su trabajo en Casanare. Y el lío sigue hasta hoy sin resolverse.

Como si fuera poco, Villarraga también está enfrentando una investigación de la Contraloría de Casanare.

“Nosotros tenemos aperturado el proceso 1303 de este año con relación a los soportes en este contrato, un contrato cuyo objeto era la prestación de servicios profesionales de asesoría y acompañamiento con la universidad Sergio Arboleda y el Magistrado Villarraga hacía de interventor como jefe de la oficina jurídica”, sostuvo la contralora departamental del Casanare, Carmenza Motta. (Ver el contrato)

Villarraga no evidenció los soportes del contrato con la universidad. Las cuentas del Magistrado fueron embargadas.

La Contralora dijo que “de manera preventiva… por si se llegase a dar una responsabilidad poder tener el resarcimiento del patrimonio público”.

A través de su abogado, Villarraga ha presentado acciones jurídicas solicitando a la contraloría la nulidad de su proceso. La Contralora Motta le ha contestado insistentemente que su petición no es viable.

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