Hoy, domingo 7 de junio de 2026, se cumple exactamente el primer año desde que el panorama político de Colombia dio un vuelco irreversible con el atentado contra el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, la conmemoración de este primer aniversario quedó marcada por un giro absoluto y estremecedor en la investigación: las recientes declaraciones de su viuda, María Claudia Tarazona, quien reveló que la Fiscalía General de la Nación no descarta la hipótesis de que el magnicidio haya sido un «crimen de Estado».
A continuación, la reconstrucción completa de la crónica y los nuevos hallazgos que sacuden al país.
Las explosivas declaraciones de María Claudia Tarazona: ¿Crimen de Estado?
En entrevistas concedidas en los últimos días previos a este aniversario, María Claudia Tarazona sorprendió al país al asegurar que el expediente judicial ha tomado un rumbo que involucra a altas esferas institucionales. Tras sostener una reunión con el equipo especializado de investigación de la Fiscalía para revisar el mapa del caso, Tarazona fue contundente:
«Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado; es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos».
La viuda detalló que presuntamente «el gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel» y lanzó una denuncia aún más grave: aseguró que desde el Ejecutivo «dieron la orden» e, incluso, que un representante del Gobierno —cuya identidad se mantiene bajo reserva procesal— se habría reunido directamente con los criminales para coordinar el atentado. Adicionalmente, Tarazona reveló que las pesquisas apuntan a que parte del dinero utilizado para financiar el magnicidio «salió de Venezuela».
La tarde de la emboscada: El fin de la campaña en Modelia
Aquel sábado 7 de junio de 2025, a las 5:25 de la tarde, Miguel Uribe Turbay adelantaba un mitin político al aire libre ante poco más de veinte simpatizantes en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. Minutos antes, con el ímpetu que lo caracterizaba, había pronunciado un fuerte discurso enfocado en el deterioro del orden público nacional y la necesidad de flexibilizar el porte legal de armas.
Nadie en su esquema de seguridad imaginó que el peligro acechaba a escasos metros. Un menor de apenas 17 años logró burlar los anillos de protección, se aproximó al congresista a corta distancia y le propinó dos disparos en la cabeza. Mientras el pánico se apoderaba de los asistentes, los escoltas reaccionaron con rapidez, logrando capturar al agresor material en el mismo sitio.
Dos meses en vilo: La dolorosa despedida familiar
La gravedad de los impactos obligó al traslado inmediato del legislador a la Fundación Clínica Santa Fe, en el norte de Bogotá. Durante dos meses, Colombia siguió día a día los partes médicos de una dolorosa agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La batalla terminó la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, cuando se confirmó su deceso a causa de una hemorragia irreversible en el sistema nervioso central provocada por los proyectiles. El nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada también en cautiverio en 1991— pasaba a engrosar la trágica lista de magnicidios familiares de nuestra historia.
Tarazona revivió con profundo dolor el momento en que los médicos le notificaron que el daño cerebral era letal y tuvo que preparar a sus hijos pequeños para la despedida definitiva a través de notas de voz:
«Le tuve que decir a mis hijos que un joven muy joven tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza y que papá estaba muy malito. El niño se me tiró encima y me abrazó diciendo ‘¿Por qué mamá, por qué a mi papá?'».
Las reacciones de Petro y el terremoto político
El atentado provocó un sismo institucional inmediato. El presidente Gustavo Petro rechazó de forma tajante el crimen desde las primeras horas, afirmando que la violencia política no tiene cabida en la democracia y ordenando el despliegue total de la inteligencia del Estado. Sin embargo, tras las recientes acusaciones de la viuda sobre un presunto «crimen de Estado», la tensión política se ha disparado a niveles máximos en el Congreso, justo en medio de la álgida campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.
El balance judicial: Nueve detenidos y el cerco a los culpables
A un año del crimen, el balance procesal entregado por las autoridades muestra avances contundentes pero complejos, registrando un total de nueve personas capturadas, de las cuales cuatro ya recibieron condena formal por parte de la justicia:
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El autor material: El menor de 17 años capturado en flagrancia el día del ataque fue judicializado y se convirtió en uno de los primeros condenados tras aceptar cargos y colaborar con las autoridades.
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El nexo con las disidencias: Durante las audiencias, uno de los condenados, Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», testificó que la orden inicial del atentado provino de la Segunda Marquetalia (disidencias de las FARC). Basada en esto, la Fiscalía ordenó en marzo pasado la captura de siete jefes de dicha organización criminal, incluyendo a alias ‘Iván Márquez’.
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Los eslabones logísticos: En las últimas semanas de este 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal contra el articulador que coordinó la consecución del arma y los vehículos en Bogotá. Asimismo, un juez dictó medida de aseguramiento carcelario contra el enlace criminal encargado de realizar los seguimientos previos al senador en el parque de Modelia días antes del ataque.
La conmemoración de este primer año encuentra a Colombia en una encrucijada judicial: mientras los tribunales procesan a la red sicarial de las disidencias, la Fiscalía se ve obligada a aclarar de cara al país la gravedad de la línea investigativa denunciada por la familia, la cual apunta a que los determinadores del magnicidio pudieron haber operado desde las propias entrañas del poder instituciona
