El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, una decisión que ya genera fuerte controversia política y jurídica en el país.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo busca recaudar $16,3 billones para enfrentar el déficit fiscal que dejó el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, una situación que, según el Gobierno, pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones esenciales del Estado.
La medida, firmada por el presidente y todos los ministros, le permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario, incluyendo la creación o modificación de tributos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política.
¿Qué permite el decreto?
Según el artículo 2 del Decreto 1390, el Ejecutivo queda facultado para adoptar “todas las medidas necesarias y destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, incluyendo ajustes presupuestales.
Además, el Gobierno deberá convocar al Congreso de la República una vez finalice el periodo de emergencia, para que ejerza control político sobre las decisiones adoptadas, tal como lo ordenan la Constitución y la Ley 137 de 1994.
El decreto será ahora revisado por la Corte Constitucional, que deberá determinar si la declaratoria cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos por la ley.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sustenta la emergencia en una coyuntura fiscal excepcional, marcada por hechos concurrentes que, a su juicio, afectan de manera grave las finanzas públicas y el goce de derechos fundamentales.
Entre los principales argumentos se encuentran:
- La obligación de cumplir decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la UPC del sistema de salud.
- El deterioro del orden público y el aumento del riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales.
- El fracaso de dos proyectos de Ley de Financiamiento, para 2025 y 2026.
- Los efectos de la ola invernal y otros desastres naturales.
- Sentencias judiciales pendientes de pago y subsidios atrasados en servicios públicos y combustibles.
- Restricciones para endeudarse por la Regla Fiscal y presiones externas.
- Problemas de liquidez en la Tesorería General de la Nación.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, aseguró que el país cierra el año con un desequilibrio fiscal debido a que “los ingresos tributarios no crecieron al ritmo esperado”, situación agravada por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales y una desfinanciación del Presupuesto General de 2026 por $16,3 billones.
La polémica política
Desde la oposición, varios sectores han cuestionado duramente la decisión, señalando que el Gobierno estaría usando la figura de emergencia como un “mecanismo para saltarse al Congreso” y aprobar por decreto medidas tributarias que no lograron respaldo político.
Incluso, se ha advertido que la Corte Constitucional podría reunirse de manera extraordinaria para analizar la legalidad del decreto, ante la magnitud de las facultades asumidas por el Ejecutivo y el impacto económico que podrían tener las medidas que se anuncien en los próximos días.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una herramienta excepcional para evitar una crisis mayor, sus críticos alertan sobre un precedente delicado en la relación entre los poderes públicos.
En los próximos días se conocerán los primeros decretos reglamentarios, en medio de un debate nacional que promete escalar tanto en el plano político como en el jurídico.
