La cifra récord de víctimas adolescentes, 7 de ellas en Calamar, Guaviare, ha desatado una crisis de credibilidad. El presidente Petro defiende hoy, bajo el DIH, las operaciones que hace seis años calificó como «infanticidio».
Bogotá, Colombia – [Fecha de hoy] – La realidad del conflicto armado ha golpeado de frente al Gobierno del «Cambio». El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que 15 menores de edad han muerto en bombardeos militares ejecutados entre agosto y noviembre de 2025, en ofensivas contra las disidencias de las FARC.
El caso más reciente y letal se registró el pasado 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, donde murieron siete adolescentes que, según las autoridades, habían sido reclutados por la estructura de «Iván Mordisco». Esta tragedia ha polarizado al país y puesto al presidente Gustavo Petro en el ojo del huracán por la contradicción histórica en su discurso político.
La cifra oficial y el epicentro en Guaviare
Medicina Legal ratificó que, si bien la mayoría de los cuerpos corresponden a combatientes adultos de grupos ilegales, el número de víctimas adolescentes (entre 13 y 17 años) es alarmante. Los casos confirmados incluyen 3 menores muertos en El Retorno, Guaviare (agosto 2025), y los 7 del reciente bombardeo en Calamar, sumados a víctimas en Amazonas y Arauca.
La entidad forense subraya la urgencia de revisar los protocolos operacionales, dada la dificultad de la inteligencia militar para diferenciar a los menores de edad, considerados víctimas de reclutamiento forzado, de los adultos dentro de las estructuras armadas.
El ‘Infanticidio’ político: La voltereta de Petro
La mayor crítica al presidente Gustavo Petro radica en el giro radical de su posición frente a los bombardeos que causan la muerte de menores:
- Petro Opositor (2019): El entonces senador Petro lideró las críticas contra el gobierno de Iván Duque por bombardeos similares. Calificó públicamente estos hechos como «infanticidio» y «crímenes de guerra», lo que generó una profunda crisis en el Ministerio de Defensa.
- Petro Presidente (2025): Hoy, Petro defiende la legalidad y necesidad de las operaciones que ha ordenado. En su justificación, aseguró que asumió el «gran riesgo» de bombardear para «salvar soldados» de una emboscada, defendiendo la aplicación de la interpretación estricta del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Esta «voltereta» ha sido catalogada por la oposición como un acto de hipocresía política, obligando al Gobierno a sacrificar la bandera moral que lo llevó al poder en aras de la efectividad militar.
Choque institucional y medidas jurídicas
Las reacciones de las entidades de control y el Congreso confirman el profundo cisma ético generado por los bombardeos:
- Ministerio de Defensa: El ministro Pedro Sánchez defendió la legalidad de los ataques, argumentando que los menores inmersos en la «función continua de combate» son objetivos lícitos según el DIH, pese a su edad.
- Defensoría del Pueblo: La entidad reiteró que los adolescentes son víctimas de reclutamiento y que la vida de los niños debe ser la prioridad. Su postura choca directamente con la justificación militar.
- Procuraduría y Fiscalía: Ambos organismos abrieron sendas investigaciones de oficio para determinar si existen fallas disciplinarias o penales en la inteligencia militar y en la toma de decisión que terminaron en la muerte de los 15 menores.
- Oposición Política: Anunciaron una solicitud de moción de censura contra el Ministro de Defensa, argumentando que la operación violó los principios de proporcionalidad y la protección a la niñez.
ANÁLISIS: El DIH como escudo del poder
La crisis actual expone el difícil dilema ético que enfrenta cualquier gobierno en medio de la guerra: ¿Es legal sacrificar la vida de un menor, víctima de reclutamiento, para proteger la vida de los soldados propios?
Al adoptar la postura que antes condenó, el presidente Petro ha elegido el camino de la conveniencia militar sobre la coherencia moral, utilizando una interpretación legalista del DIH como escudo político. El costo de esta decisión no es solo la pérdida de 15 vidas, sino el deterioro de la credibilidad en su discurso humanitario, confirmando que las prioridades de la oposición y el poder son, a menudo, irreconciliables.
