Wilmer Alonso Vega
YOPAL, Casanare — En una decisión que sienta un importante precedente judicial, el Tribunal Administrativo de Casanare ha declarado la nulidad de la elección de Wilmer Alonso Vega como secretario general de la Asamblea Departamental para la vigencia 2025. El fallo, que anula el acto administrativo de elección, se dio tras comprobarse una grave irregularidad en el procedimiento de votación que comprometió la transparencia y legitimidad del proceso.
La sentencia, un contundente llamado a la ética en las corporaciones públicas, deja sin efecto el Acta de Sesión No. 082 del 28 de noviembre de 2024, a través de la cual se había oficializado la designación de Vega. El Tribunal resolvió una demanda presentada en el «medio de control de nulidad electoral» por los ciudadanos Heyder Alexander Silva García y Gonzalo Ramos Rojas, quienes cuestionaron la legalidad de la elección.
El fallo judicial y sus implicaciones
La decisión del Tribunal se basa en el análisis detallado del proceso de votación, encontrando que la actuación de la diputada Marisela Duarte Rodríguez, quien participó en la votación de su propia recusación, fue determinante. Según el fallo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara al establecer que ningún funcionario puede intervenir en decisiones donde su imparcialidad está directamente en juego.
El tribunal concluyó que el voto de la diputada Duarte generó un empate de 5 a 5, lo que permitió que su recusación fuera negada. Si se hubiera abstenido, la recusación habría prosperado con un resultado de 5 a 4, apartándola del proceso y alterando la mayoría necesaria para la elección final de Vega. Esta intervención, según el pronunciamiento, vició el proceso desde su origen.
Una advertencia a la transparencia y la ética
Más allá de la anulación, la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare es una clara advertencia sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos internos de la Asamblea. En el documento, se ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, para que se investiguen las posibles responsabilidades disciplinarias de los diputados que participaron en la votación irregular.
El pronunciamiento resalta la necesidad de que el reglamento interno de la Asamblea Departamental se fortalezca para cerrar los vacíos que permiten este tipo de actuaciones contrarias a la ética. Este fallo busca asegurar que los actos de las corporaciones públicas se rijan por los principios de imparcialidad y transparencia, restaurando la confianza ciudadana en sus instituciones.
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