Carlos Ramón González
Bogotá, 14 de agosto de 2025 — Un nuevo y grave escándalo ha sacudido al Gobierno nacional tras revelarse que la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de residencia para Carlos Ramón González, el exfuncionario vinculado al caso de corrupción de la UNGRD. La polémica se intensifica, pues el trámite se realizó el mismo día en que la Fiscalía lo imputó por cohecho, peculado y lavado de activos.
La evidencia es contundente: la Embajada en Managua envió una «nota verbal» a la Cancillería nicaragüense pidiendo apoyo para «regularizar el estado migratorio» y «renovar la residencia del compañero González». Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio han negado vehementemente haber dado cualquier instrucción para dicha gestión.
Las preguntas sin respuesta que dejan al Gobierno contra las cuerdas:
- ¿Quién dio la orden? Si ni el presidente ni la canciller autorizaron el trámite, ¿quién en el alto Gobierno o en la estructura diplomática se atrevió a usar los canales del Estado para favorecer a un fugitivo de la justicia?
- ¿Actuó el embajador a espaldas del Gobierno? El encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, ha quedado en el ojo del huracán. ¿Fue una iniciativa personal para beneficiar a González, o simplemente obedeció una orden que nadie quiere reconocer?
- ¿Es la Cancillería un refugio para los corruptos? La solicitud de la embajada para «el compañero González» no solo es un acto de injerencia en un proceso judicial, sino que envía un mensaje de impunidad. ¿Por qué el Gobierno arriesgó su reputación para proteger a un hombre envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción del país?
- ¿Coincidencia o maniobra? Que el trámite se haya realizado el mismo día de la imputación no parece ser una casualidad. ¿Fue un intento de último momento para asegurar que González se mantuviera a salvo de la justicia colombiana?
Mientras la Cancillería anuncia una investigación interna que muchos consideran un paño de agua tibia, el país exige respuestas. La evidencia de la nota verbal contradice la versión oficial y profundiza la crisis de credibilidad que ha permeado al Gobierno nacional.
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