La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha encendido las alarmas en el corazón del Gobierno Nacional. Este martes, compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue penalmente a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en la trama de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los señalados sobresale Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien ya fue imputado por la Fiscalía y es señalado de haber instruido a Sandra Ortiz y Olmedo López para que desviaran recursos públicos, provenientes de millonarios contratos de carrotanques, hacia los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
Pero la onda expansiva no se detiene. En la lista también figuran nombres nuevos y de peso: los exministros Mauricio Lizcano, Gloria Inés Ramírez, Diego Guevara, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, junto con el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
También serán investigados Kevin Fernando Henao, exdirector de asuntos legislativos del Ministerio del Interior; Alba Nury Martínez, secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda; y Andrea Ramírez, exasesora principal de Bonilla, reemplazada por María Alejandra Benavides, hoy testigo clave en el caso.
Otro nombre que salta a la vista es el de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia y cercano a la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, a quien la Fiscalía señala de haber influido en contratos por más de 90 mil millones de pesos.
Este escándalo, que ya se proyecta como el más grave en lo corrido del Gobierno Petro, desnuda una presunta red de corrupción de alto nivel que, de confirmarse, golpearía de lleno la narrativa anticorrupción del Ejecutivo. La Fiscalía tiene ahora en sus manos la responsabilidad de investigar a fondo y esclarecer si hubo una estructura criminal operando desde las entrañas del Estado.
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