La tensión entre la justicia colombiana y las grandes multinacionales volvió a encenderse. El pasado martes 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo de dos oficinas de la petrolera anglofrancesa Perenco en Bogotá, así como de todos los bienes en su interior, valorados en cerca de 10 millones de dólares.
La medida se da en el marco de una investigación por la presunta financiación de grupos paramilitares durante el conflicto armado, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
Un día después de conocerse la decisión judicial, la compañía emitió un comunicado rechazando categóricamente cualquier nexo con organizaciones ilegales. “Negamos cualquier relación histórica con grupos ilegales”, indicó Perenco, y pidió que no se impongan penalizaciones económicas sin antes surtirse un debido proceso judicial.
Testimonios y acusaciones
Desde hace más de una década, exmiembros de las AUC han mencionado a Perenco en declaraciones ante la justicia transicional. Según sus versiones, entre 1997 y 2005 recibieron dinero, combustible, alimentos y transporte por parte de la empresa, a cambio de supuestos “servicios de seguridad” en zonas de operación petrolera.
De acuerdo con la Fiscalía, esta presunta relación con grupos armados habría permitido a la multinacional incrementar su patrimonio en Colombia.
Perenco opera en el país desde 1993, y mantiene actividades principalmente en el departamento de Casanare, al oriente del territorio nacional. En su defensa, la empresa reiteró su compromiso con los derechos humanos y negó cualquier colaboración con actores armados ilegales.
Los señalados de Perenco
En el centro de la investigación aparecen Antenor Sarmiento, exgerente de distrito, y Ramiro Pinzón, exsupervisor de tierras. Ambos fueron acusados formalmente por la Fiscalía del delito de concierto para delinquir agravado, catalogado como crimen de lesa humanidad, lo que impide su prescripción.
Según fuentes judiciales, Sarmiento habría sido el principal articulador de los vínculos entre Perenco y estructuras paramilitares en Casanare, con poder de decisión en operaciones clave. Se le señala de facilitar acuerdos con las AUC y las ACC.
Pinzón, por su parte, habría cumplido un rol logístico, permitiendo el ingreso de estos grupos a zonas petroleras, coordinando entregas de recursos y participando en reuniones con jefes armados. Las autoridades sostienen que esta colaboración se mantuvo por casi una década.
El patrón se repite
El caso de Perenco se suma a otros expedientes que involucran a grandes empresas en dinámicas del conflicto armado colombiano. En 2024, una corte de EE. UU. condenó a Chiquita Brands por financiar a las AUC, y altos directivos de Drummond enfrentan juicio en Colombia por hechos similares.
Las investigaciones reflejan un fenómeno complejo: la participación de actores económicos en un conflicto que dejó cerca de 10 millones de víctimas, incluyendo más de un millón de personas asesinadas y cerca de 200.000 desaparecidas.
Mientras el proceso avanza, la justicia colombiana insiste en que no habrá impunidad para quienes, desde el sector privado, contribuyeron a alimentar la guerra.
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