El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que serán las altas cortes, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las que definan la viabilidad jurídica de la consulta popular convocada mediante decreto por el presidente Gustavo Petro.
Penagos informó que elevará una solicitud de concepto ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de determinar si se cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo la convocatoria.
Durante una rueda de prensa, el registrador advirtió que esta situación representa un punto crítico para la democracia en el país.
“Lo que procede ante esta controversia, que no tiene precedente en la historia reciente del país, es dejar en manos de las altas cortes la decisión de continuar o no con el trámite de esta convocatoria”, expresó.
Penagos también aclaró que, de autorizarse la consulta, no sería posible realizarla el 7 de agosto como plantea el decreto presidencial, pues se requerirían al menos tres meses de preparación logística.
El registrador explicó que el proceso implica instalar unas 112.000 mesas de votación dentro del país y distribuir material electoral en 67 países y 124 consulados, una tarea que involucra no solo a la Registraduría, sino también a entidades y gobiernos internacionales.
“Esta consulta requiere un proceso juicioso y ordenado”, puntualizó.
