BOGOTÁ. La campaña presidencial de Gustavo Petro vuelve a estar en el centro del debate público. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) imponer sanciones contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y quien fuera gerente de la campaña de Petro en las elecciones de 2022.
La solicitud se basa en una presunta violación a los topes de financiación electoral, ocultamiento de gastos y pagos irregulares durante la contienda. El Ministerio Público envió un concepto detallado donde asegura que hubo intención dolosa en varias de las acciones, entre ellas el ocultamiento del verdadero costo del alquiler del Movistar Arena, sede del evento en el que se recibieron los resultados de la segunda vuelta presidencial, el 19 de junio de 2022.
Exceso de topes y pagos irregulares
Según el concepto enviado al CNE, los gastos declarados por la campaña en la primera vuelta ascendieron a 28.690 millones de pesos, superando en 154 millones de pesos el tope legal establecido para esa fase, que era de 28.536 millones.
Uno de los puntos más polémicos fue el costo del Movistar Arena, donde, según el informe, el valor real del arriendo fue de 250 millones de pesos, pero solo se reportaron 150 millones. El restante fue cubierto por Servired S.A.S., una empresa privada, lo cual está expresamente prohibido por la ley electoral.
La Procuraduría concluyó que Roa actuó con conocimiento y deliberadamente, por lo que pidió sanciones también para Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Entre las sanciones solicitadas se incluye una multa del 2% del valor desembolsado por el Estado para la segunda vuelta (alrededor de 308 millones de pesos) y la devolución de los 154 millones excedidos en la primera vuelta.
Cargos contra Petro, pero con reserva judicial
Aunque también se formularon cargos contra Gustavo Petro en su calidad de candidato, la Corte Constitucional suspendió los efectos de la investigación contra el actual presidente mientras se define si el CNE tiene competencia sobre figuras con fuero presidencial. Sin embargo, el proceso contra los demás miembros de la campaña continúa en curso.
Otros gastos y aclaraciones
El concepto de la Procuraduría también mencionó otras situaciones que han sido objeto de debate público, como los presuntos aportes de organizaciones sindicales. Según sindicalistas como Henry Jara, los recursos de la USO fueron usados para actividades internas del sindicato y no para apoyar la campaña presidencial. En el caso de Fecode, su entonces secretario general, Henry Velandia Puerto, afirmó que la donación fue hecha a Colombia Humana, y no directamente a la campaña, razón por la cual no era obligatorio reportarla como gasto electoral.
En lo que respecta a transporte aéreo y eventos, la Procuraduría no encontró evidencia de ocultamiento, ni responsabilidad directa de los investigados en estos movimientos financieros.
Peticiones adicionales
La Procuraduría también pidió al CNE que resuelva con celeridad los recursos de reposición interpuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), así como por los propios procesados, como Roa y Soto, quienes buscan frenar el proceso sancionatorio. El ente de control advirtió que la falta de resolución de estos recursos podría generar vicios de procedimiento.
Finalmente, el proceso también involucra a las organizaciones políticas Colombia Humana y la Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura de Petro. La Procuraduría insiste en que se esclarezcan todos los hechos y se sancione a los responsables conforme a la ley electoral vigente.
