Mientras la molestia de la comunidad crece, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dejó claro ante el Congreso que el peaje de Puente Amarillo es completamente legal y que, por ahora, no hay intención de levantarlo ni eliminarlo.
A través de su delegada en la Comisión Séptima del Senado, la ANI afirmó que esta estación de cobro cuenta con todo el sustento jurídico y financiero para operar.
“Para la entidad, el peaje tiene la legalidad requerida y está soportado en la estructuración financiera del proyecto”, señaló la vocera.
🎫 Tarifas diferenciales: la única solución ofrecida
Aunque la entidad reconoce que existe un grave malestar social en los municipios de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, propuso como única salida la entrega de tarifas diferenciales:
- Residentes de los tres municipios pagarían una tarifa reducida de $3.700 (incluyendo $500 del Fosevi).
- Además, se implementaría una tarifa turística los fines de semana, en la cual se cobra solo un desplazamiento.
Sin embargo, la inconformidad persiste, ya que muchos habitantes reclaman la eliminación total del cobro, no solo ajustes en las tarifas.
🛣️ Obras prometidas y más dinero para la concesión
La ANI también confirmó que trabaja en un otrosí del contrato que permitirá liberar nuevos recursos a la concesionaria Covioriente (parte de Corficolombiana y Grupo Aval).
Se trata de 21 obras conciliadas con la comunidad, algunas ya listas en estudios y diseños, y otras en proceso de revisión.
A cambio, la concesionaria debe cumplir con los indicadores pactados en el contrato para seguir recibiendo el recaudo del peaje.
🚧 ¿Y el peaje La Libertad? Otro frente de batalla
La vocera también se refirió al caso del peaje La Libertad, en el corredor Villavicencio – Puerto Gaitán, operado por Odinsa, el cual lleva meses bloqueado.
Un tribunal ordenó reducir el alcance físico del contrato para intentar salvar el proyecto, pero hoy la ANI admite que existe un proceso sancionatorio contra la concesión por atrasos en las obras.
Aun así, enfatizó que el Gobierno debe reconocer los recursos que no se han recaudado debido al bloqueo de la estación.
“Ha habido una afectación importante y el Estado tendrá que reconocer los dineros que dejaron de entrar”, concluyó.
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