La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio contra Pedro Suárez Vacca, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, por presuntamente incurrir en delitos relacionados con corrupción durante su tiempo como juez en Boyacá. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia, que considera al legislador responsable del delito de prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado, cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja.
El proceso judicial se centró en las acciones de Suárez Vacca en su rol de juez, donde se le acusa de haber adoptado decisiones judiciales con un plan preconcebido que afectaron de manera continua un bien jurídico. En la resolución, la Corte desestimó la solicitud de cesación del proceso interpuesta por la defensa, que argumentaba que no se trataba de un delito continuado y que, por lo tanto, el caso ya había prescrito.
La Sala, presidida por la magistrada Blanca Nélida Barreto, argumentó que las pruebas fácticas, jurídicas y probatorias señalaban que el accionar de Suárez Vacca como juez estuvo orientado por un patrón de conducta repetitivo y deliberado, afectando la legalidad de los procesos judiciales que lideró.
El análisis subrayó la tipicidad del delito, ya que, al tratarse de un delito de prevaricato por acción agravado, la pena máxima de 128 meses de prisión se incrementa en un tercio debido a su carácter continuado, alcanzando hasta 170,66 meses. Además, debido a la condición de Suárez Vacca como servidor público, el término de prescripción también se amplió en un tercio.
La investigación sostiene que, en su rol como juez en Tunja, Suárez Vacca habría otorgado de manera ilegal la prisión domiciliaria a un condenado por secuestro, un beneficio al que no tenía derecho según la ley.
Cabe recordar que Pedro Suárez Vacca fue elegido como representante a la Cámara por el departamento de Boyacá en el período 2022-2026, con una votación de 22.353 sufragios. La decisión de la Corte marca un hito en el proceso judicial que involucra a figuras políticas de alto perfil, y abre un debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en actos de corrupción.
