
Foto Defensoria del Pueblo
La Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2024 debido a la grave amenaza que enfrentan diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicados en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare. Esta alerta surgió por el control territorial ejercido por el Frente 28 José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc, y la presencia de otras estructuras armadas no estatales en la región.
Los pueblos afectados, como los Sikuani, Piapoco, Sáliba, Amorua, y los Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero —Mayaleros— Tsiripus y Yaruros, enfrentan una amenaza sin precedentes. Estas comunidades, aunque únicas en el mundo por su modo de vida nómada, deben acatar órdenes de los grupos rebeldes para evitar la violencia. Las disidencias armadas obligaron a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas, y de no cumplir, las comunidades enfrentarán represalias por parte de los grupos armados.
La situación es crítica, con una alta probabilidad de enfrentamientos armados que podría afectar la subsistencia y seguridad de las comunidades. La Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de intervención estatal coordinada y culturalmente adaptada para proteger los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas. Se requieren medidas de prevención, seguridad alimentaria, atención humanitaria y neutralización de las pretensiones de los actores armados.
La ATI pidió al Ministerio del Interior cumplir con las medidas de protección y activar mecanismos de respuesta rápida ante posibles violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es crucial preservar la diversidad étnica y cultural de la región, garantizando los derechos a la autonomía, el territorio y la jurisdicción especial de estos pueblos indígenas.