Analistas advierten que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ataca a la prensa, provocando más polarización y desacreditación del trabajo periodístico en el país.
BOGOTÁ — Organizaciones que defienden la libertad de prensa y medios de comunicación han rechazado un discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que tildó de «mentirosas» las encuestas que hallaron un incremento del porcentaje de la imagen desfavorable del mandatario.»[Los medio son un] “apéndice de los órganos de control”, dijo Petro recientemente, al tiempo que afirmó que la prensa “odia a la vicepresidenta por su color de piel”.
Incluso, Petro aseguró que hay un plan para “destruir el apoyo popular del gobierno”.
El pasado 11 de junio, las editoriales dominicales de los periódicos El Tiempo y El Espectador le pidieron respeto al presidente. La solicitud siguió a la marcha del 7 de junio, día en que el mandatario convocó a sus seguidores a salir a marchar y donde se registraron ataques a periodistas. Petro también ha criticado a la prensa en varias oportunidades.
“No se equivoque, presidente, ni pretenda confundir a los colombianos. Es largo todavía el tiempo de su mandato, pero la vía escogida del atrincheramiento, bajo el discurso engañoso de la victimización, no hace más que alejar a quienes están dispuestos a aportar al cambio, pero no apenas inclinando la cabeza”, dijo en su editorial entonces el diario El Espectador.
Por su parte, el diario El Tiempo indicó que “responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos de su gobierno, alentar discursos en contra de los medios o hacer interpretaciones que aumentan la confusión, crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa y la libre expresión en el país”.
En este entonces, la FLIP criticó los señalamientos del presidente y lo llamó a ejercer el libre derecho a la información, en el marco de escándalos que rodean su gobierno.
Así mismo, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señaló que “está siguiendo con alarma y preocupación los señalamientos y ataques de Gustavo Petro a la prensa en Colombia que procuran desacreditar y estigmatizar a los críticos del gobierno”.
Como respuesta a los editoriales de los diarios colombianos, el mandatario aseguró ese domingo, a través de su cuenta de Twitter, que “nadie les va a impedir a los medios de comunicación su derecho a expresarse con libertad, pero nadie nos quitará nuestra libertad y derecho para expresarnos como gobierno del cambio”.
Según Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la coyuntura actual frente a la libertad de prensa en Colombia “tiene un nuevo ingrediente y es una disputa frontal entre el gobierno, en cabeza el presidente Gustavo Petro”, como de algunos funcionarios de la actual idea de que los medios de comunicación están atacando al gobieadministración “que constantemente están alimentando un relato en el que se construye unarno”.
Y este escenario que se ha presentado en diversas ocasiones desde que Petro se posesionó, añadió Bock, no solamente “ha generado una tensión en la discusión, sino que también está mirando cómo esto profundiza aún más la polarización”.
Efectos adversos
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo a la VOA que este tipo de expresiones generan preocupación porque “de la violencia verbal se puede pasar rápidamente a la violencia física” y aunque entiende que un presidente pueda discrepar con un informe periodístico, “el tono con que se expresa esa crítica o esa respuesta a las acusaciones que pueden provenir de la prensa, primero, revelan una falta de tolerancia a la crítica, que es esencial… en un presidente”.
Añade además que sobre todo en países que viven en contextos de violencia, se “termina generando un caldo de cultivo para que grupos violentos luego la emprendan contra periodistas o medios de comunicación”.
Para Bock, este contexto “confrontativo” no se veía en Colombia, en los últimos 10 – 15 años, y supone también tres afectaciones directas en el ejercicio periodístico. La primera, relacionada con el eco del mensaje, sobre todo en entornos digitales, y que incrementa las confrontaciones y “ataques constantes contra periodistas y medios de comunicación”.
Y esto, “muchas veces, se hace de manera general, se hace sin sustento, sin pruebas, sino que sencillamente se dice que los medios de comunicación, que hay un relato periodístico, que son medios al servicio del establecimiento de poderes que quieren impulsar un golpe blando en contra el gobierno”, agrega.
El segundo, dice Bock, es la generación de autocensura entre los periodistas que cubren al gobierno “por el riesgo que tienen de verse sometidos también a señalamientos directos por parte de funcionarios públicos”.
Y el tercero, “el descrédito que termina teniendo esto entre ciertos sectores de la ciudadanía, frente a la importancia del periodismo”.
Llamado a ambas partes
Desde la FLIP, el llamado al presidente es a “incorporar unos protocolos para el uso de sus redes sociales y debe entender que, como máxima autoridad del Estado, le cabe el deber de ser más tolerante a la crítica, a la pluralidad, de respetar el ejercicio periodístico” y que entienda cuáles son los riesgos que hay cuando se dice que la prensa miente.
“Debe cambiar esta retórica y tener en cuenta estas reglas de juego democráticas y estos estándares de defensa de libertad de prensa que le exigen tener un mayor respeto y que le exigen tener un lenguaje y un mensaje diferente hacia el periodismo”, agrega el director de la FLIP.
Según Jornet, el presidente “tiene todo el derecho de defender su gobierno”, pero también tiene “la obligación de brindar precisiones ante un informe periodístico, de responder con datos concretos y no descalificando el trabajo”.
En ese sentido, dice que los funcionarios en general deben ser moderados y transparentes y “de nada sirve que un presidente descalifique a los periodistas en la forma en que se hace, con el tono muchas veces altisonante, violento o confrontativo”, sino que debe acudir a la claridad “para demostrar que un informe periodístico fue erróneo”.
En el caso de los periodistas, son quienes tiene responsabilidad de que chequear la información y profundizar en sus informes. Para Jornet, deben responder con “profesionalismo, con más periodismo”, es decir no hacerlo, a través de las redes sociales, “redoblando la apuesta”, sino con investigaciones profundas y denuncias valientes. “Y si el presidente no cambia, bueno, con el tiempo se irá estableciendo quién cuál de las dos partes tiene razón”, explicó a la VOA.
Una situación que se vive en la región
La SIP ha venido advirtiendo sobre “la costumbre” que se ha instaurado en presidentes latinoamericanos “de acusar a la prensa de ser enemigos del pueblo, de ser enemigos de la revolución, en otros casos”, cuestiones que estigmatizan a la prensa.
Jornet explicó a la VOA que en la reunión de medio año de la SIP se pronunció sobre la estigmatización de la prensa en Colombia y Costa Rica, pero además de los ataques en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso.
“Y con esto estoy diciendo que todo el marco ideológico, no importa si son de izquierda o de derecha… Jair Bolsonaro fue uno de los dirigentes que con más mayor injundia criticó a la prensa durante su mandato”, dijo Jornet, quien agregó que es algo que también se repite en Andrés Manuel López Obrador, en México, el presidente argentino, Alberto Fernández, Nayib Bukele en El Salvador. “Es una práctica que se repite en gobiernos de todo signo ideológico y como un modo de neutralizar cualquier crítica que se les realice”, agregó a la VOA.
Cuando un presidente establece que todos los periodistas “son enemigos del pueblo”, si “descalifica, de algún modo “neutraliza toda posibilidad de que luego se lo cuestione. Y ese es el primer camino para avanzar hacia el autoritarismo”, explicó el vocero de la SIP a la VOA.
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