La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra siete diputados de la Asamblea Departamental de Casanare (2012-2015), por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación de una ordenanza en la que se autorizaba a la gobernadora (e) del departamento para contratar.
Los investigados son: Diego Humberto López Martínez, Helman Hans León Leguizamón, Julio Eduardo Cala López, Justiniano Porras Cárdenas, María Elizabeth Cutha Rodríguez, Olfan Bocanegra Monroy y Pedro Albeiro Perilla Rodríguez.
El ente de control busca establecer si los exdiputados se habrían extralimitado en sus funciones al votar positivamente un proyecto de ordenanza en la que se otorgaría autorización condicionada para contratar a la entonces gobernadora (e).
Se cuestionó a los exfuncionarios la posible imposición de restricciones en algunos ítems requeridos con urgencia, por la exrepresentante legal del departamento para atender necesidades insatisfechas en diversos sectores.
La Procuraduría manifestó que con esta posible actuación se pudo impedir la ejecución de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo ‘La que gana es la gente’, impidiendo la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los casanareños.
En el auto disciplinario, la Entidad recordó que “(…) la contratación es uno de los mecanismos mediante el cual se materializan los derechos y garantías constitucionales (…)”.
En esta etapa procesal, la falta de los exfuncionarios fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare como grave cometida con dolo.
Los entonces miembros de la asamblea y/o sus apoderados podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes y conducentes.
