La Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa.
Los hechos investigados están relacionados con el trámite y celebración del contrato 198 de 2020, en el que se adjudicó a la firma Multiservicios MAEL SAS ZOMAC la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el departamento, por un valor superior a 4.463 millones de pesos.
Los elementos de prueba indican que el gobernador Castillo Cisneros firmó un decreto, el viernes 3 de abril de 2020, en el que habilitó el fin de semana inmediato para realizar el proceso de contratación. En ese sentido, el sábado 4 de abril se abrió invitación pública y el domingo 5 abril, a las 5 p.m., se cerró el plazo para recibir propuestas.
Durante los dos días se presentó un solo oferente, a quien el lunes 6 de abril, en una rápida valoración, le fue asignado el contrato de los paquetes humanitarios. El representante de la empresa seleccionada sería una persona cercana al mandatario departamental. Al parecer, todos los actos previos en los que intervino directamente el gobernador estuvieron dispuestos para favorecer al único proponente y limitar la participación de otros interesados.
Adicionalmente, los peritos contables del CTI detectaron un sobrecosto de algo más de $233’000.000, representado en los valores de algunos productos alimenticos que conformaban los kits de suministro, los cuales estaban por encima de los precios del mercado. Finalmente, ante las alertas de los organismos de control, los costos fueron ajustados y se evitó un detrimento patrimonial.
En audiencia realizada ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Facundo Castillo Cisneros no aceptó los cargos que le formuló una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta es la cuarta imputación en contra del gobernador de Arauca por posibles actos de corrupción. Actualmente, permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
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