La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Reynaldo Quebrada Quilcué, considerado como el supuesto mayor auspiciador de la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, una zona de especial protección ambiental y considerada por la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad.
Adicionalmente, este hombre sería el responsable del secuestro de un soldado profesional del Ejército Nacional, que participaba en un procedimiento de la denominada operación ‘Artemisa’ en San Vicente del Caguán (Caquetá), el 6 de marzo del año en curso.
La investigación da cuenta de que, supuestamente, incentivó a la comunidad para que torturara emocionalmente, golpeara y amenazara de muerte al uniformado. De igual manera, hay evidencia de que fue la persona que obligó al militar a grabar una prueba de supervivencia y a firmar un documento en el que aceptaba recibir latigazos para quedar en libertad.
Respecto a los posibles daños a los recursos naturales se estableció que el hoy procesado, como gobernador de una comunidad indígena en la vereda El Triunfo, en San Vicente del Caguán, habría promovido, dirigido, facilitado y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación.
Los sistemas de monitoreo indican que en el lugar en el que reside Quebrada Quilcué y en sus inmediaciones, donde están asentados el cabildo y otras personas, han sido deforestadas más de 33 hectáreas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. De otra parte, se estableció que incumplía una orden impuesta por un juez de control de garantías que, en septiembre de 2021, le prohibió entrar al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, luego de ser capturado por invasión de área protegida.
Captura y judicialización
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Reynaldo Quebrada Quilcué los delitos de: secuestro extorsivo; promoción y financiación de la deforestación; financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
De igual manera, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Está pendiente la decisión del juez de control de garantías.
El procesado fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en San Vicente del Caguán (Caquetá).
