La familia Jiménez*, integrada por una pareja y sus cuatro hijos, volverá a contar con una vivienda propia, tras 20 años de desplazamiento y abandono de su predio como consecuencia de la violencia ocasionada por las Farc EP en zona rural de Puerto Lleras, Meta. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación por equivalencia medioambiental, debido a que el predio se encuentra en zona de riesgo de inundación y no puede ser habitado.
En el año 1994 la pareja de esposos adquirió el predio La Esmeralda de 7 hectáreas y 6.196 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y se dedicaron a cultivos de pancoger y crianza de animales. Su tragedia comenzó en 2002 cuando guerrilleros del frente 26 de las Farc EP comenzaron a transitar por la finca e incluso tomaban gallinas, productos y otros elementos. Además, informaron al jefe del hogar que debían abandonar el predio, so pena de someterlos al reclutamiento forzado de sus hijos y de atentar contra las vidas de esa familia.
Ante estas amenazas, los Jimenez* no tuvieron más remedio que huir hacia Bogotá, para salvaguardar sus vidas. Con el paso del tiempo, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación por equivalencia medioambiental.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en Meta, explicó que “en este caso, la familia Jiménez* no podrá retornar al predio abandonado porque se encuentra ubicado en Zona Ambiental Alta, y, por lo tanto, la trasferencia del dominio del terreno pasará a Cormacarena, mientras que la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos elijan. Además, se ordenan otros beneficios
para esta familia, como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo y acompañamiento de las entidades del Estado”.
*Nombres cambiados por seguridad de los beneficiarios.
