El uribismo pide investigar al presidente Santos por presunto detrimento patrimonial
Isagén ya dejó de ser patrimonio de los colombianos. Este miércoles, a pesar de una enorme oposición, una de las empresas más rentables del país pasó a manos extranjeras. El consorcio canadiense Brookfield, un fondo de inversiones, se hizo con el 56,7 % de las acciones de la electrificadora.
La venta de Isagén se convirtió en una de las decisiones más controvertidas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Congreso, los partidos políticos, la sociedad civil en general y los organismos de control descalificaron el negocio.
Y aunque parecía que la controversia por Isagén finalizaría con su venta, al tema aún le falta mucha tela por cortar, por lo menos desde el punto de vista político. Un uribista, el representante Édward Rodríguez, pidió al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, representante Édgar Gómez (P. Liberal), abrir una investigación de oficio contra el presidente Juan Manuel Santos por las presuntas irregularidades surtidas en la venta de Isagén.
Semana.com conoció el texto de la carta (será radicada este jueves en la mañana). En ella, Rodríguez pide que se esclarezcan por los menos cuatro interrogantes que rodearon el negocio de la empresa energética.
Primero, se pregunta por la existencia de un presunto detrimento patrimonial de 2,376.000 billones de pesos con ocasión de la venta del 57,6 % de las acciones de Isagén, tal como lo advirtió el procurador general, Alejandro Ordóñez, en una carta dirigida al propio presidente Juan Manuel Santos. Además una presunta negligencia en la venta de la empresa, pese a que la Contraloría y la propia Procuraduría emitieron advertencias.
Así mismo, se le pide a la Comisión de Acusaciones indagar sobre las presuntas irregularidades e inobservancia de requisitos constitucionales y legales propios de la contratación estatal, específicamente si se cumplieron o no los estándares propios de la venta de Isagén.
El urbismo también pide que se investigue la existencia de presuntos vínculos contractuales, personales o legales entre los directivos de la empresa Brookfield Asset Management y funcionarios de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y el exprimer ministro británico Tony Blair.
Cárdenas, ¿pagará los platos rotos?
Pero la venta de Isagén también podría traerle consecuencias al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien promovió la transacción. El amplio bloque de congresistas que se opuso a la venta de la electrificadora parece que no se quedará de brazos cruzados, y ahora no descartan pedir su retiro del gabinete.
Jimmy Chamorro, uno de los pocos senadores del partido de la U que se opuso a la venta de Isagén, pide responsabilidades políticas y cree que el mensaje puede ser a través de la moción de censura contra el ministro de Hacienda.
“Hay que hacer un juicio político a un gobierno que no oye a los organismos de control, al Congreso, a la sociedad civil organizada. Eso no se puede tolerar en un país democrático”, considera la senadora liberal Sofía Gaviria.
Incluso, desde el Partido Conservador, al que pertenece el ministro Cárdenas, también hay voces que promueven la moción de censura. Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial y una de las dirigentes de mayor jerarquía en el conservatismo, lo considera necesario: “Se debe hacer una moción de censura a quienes participaron de esta venta por que ha sido un despropósito por parte de la Nación”, ha dicho la dirigente.
Para que la moción de censura prospere se requiere que el 10 % del Senado (12 senadores) o el 10 % de la Cámara (16 representantes) la propongan. El ambiente que se respira por estos días entre los dirigentes políticos la podría favorecer.
Tanto que este asunto se podría anticipar. La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocaría a sesiones extraordinarias al Congreso para tramitar una reforma a la ley de orden público para habilitar las zonas de concentración para los guerrilleros de las FARC. El 16 de febrero se volverá a reunir el Congreso y seguramente también aprovechará las ‘extras’ para poner en aprietos al ministro de Hacienda.
Por ejemplo, la representante Angélica Lozano (Alianza Verde) celebró que haya sesiones extraordinarias. “Un efecto positivo colateral es que comenzaremos la moción de censura pronto, sin esperar hasta marzo”.
En su cuenta de Twitter, además, la congresista Lozano realizó un sondeo sobre si el Congreso obtendría las mayorías necesarias para la moción de censura contra Cárdenas. Nunca en la historia un ministro ha salido del gabinete por decisión del Senado o la Cámara. Eso lo sabe el actual presidente, Juan Manuel Santos, el último ministro en haber sido propuesto para moción, en el año 2007. El entonces ministro de Defensa salió respaldado por el Senado.
Sin embargo, ahora las cuentas son diferentes. En la Comisión de Acusaciones, a la que sólo le quedan seis meses de existencia, lo más probable es que no pase nada con la investigación. Pero en el caso de la posible moción de censura contra el ministro Cárdenas la historia puede ser diferente. Y como el Gobierno desatendió los pedidos de congresistas de todos los partidos, hay ambiente para que alguien pague los platos rotos por la venta de Isagén. El ministro de Hacienda parece ser el señalado.
