Los intentos de obstruir el proceso de restitución de tierras, a favor de la comunidad pluriétnica del Resguardo Indígena de Kanalitojo, no fueron exitosos.
A pesar del escenario adverso, la Unidad de Restitución de Tierras de la mano de Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares y de Policía, lograron realizar la entrega material de 1.300 hectáreas a esta comunidad afectada por la violencia generada por grupos ilegales y la discriminación por parte de algunos sectores de la población. Al final, los hechos fueron la prueba del compromiso de las entidades de Gobierno con el cumplimiento de la Ley y las disposiciones de la justicia.
Con este proceso se acató la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de julio de 2019. En la providencia se reconoció la ancestralidad sobre 1.300 hectáreas, las cuales hoy constituyen el territorio colectivo del Resguardo Kanalitojo, conformado por 227 integrantes de los pueblos nómadas Amorúa, Sikuani y Sáliba. Después de 30 años en la búsqueda de sus derechos territoriales, esta comunidad recuperó su territorio para desarrollar sus prácticas, usos y costumbres.
La entrega se concretó después de un año y medio del fallo en el que fueron ordenados, entre otros aspectos, la revocatoria directa de las adjudicaciones de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Fortaleza 1 y 2 y Curazao; la constitución del Resguardo Kanalitojo y el acompañamiento de la Fuerza Pública a la comunidad beneficiaria.
En la providencia se ordenó a los opositores de los predios Fortaleza 1 y 2 y Curazao salir del territorio. No obstante, ante la renuencia de estos a marcharse voluntariamente, el Tribunal Superior mediante Auto del 15 de octubre de 2020, ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras asumir la logística de la entrega material y, de ser necesario, el desalojo de los opositores.
Para llevar a cabo la diligencia, fue comisionado el Inspector de Policía Municipal de Puerto Carreño que contó además con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo Regional Vichada, la Procuraduría Regional Vichada, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Vichada, Migración Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario, las Fuerzas Armadas y de Policía, el ESMAD y la Unidad de Restitución de Tierras.
La diligencia se realizó en medio de un ambiente difícil tanto para la comunidad y sus líderes quienes fueron objeto de algunas intimidaciones. Estas conductas se denunciaron formalmente ante la Fiscalía, la Policía Judicial, el Tribunal Superior de Bogotá y demás autoridades competentes con el fin de emprender las acciones que den cumplimiento a las disposiciones de Ley. Con lo anterior, se busca generar nuevas medidas que reafirmen el derecho de la comunidad que integra el Resguardo Indígena de Kanalitojo y su reparación integral tal como lo establece la justicia.
“La Unidad rechaza este tipo de amenazas, presiones e intimidaciones en contra de la comunidad indígena de Kanalitojo y de nuestros funcionarios. Hemos venido acatando las órdenes impartidas por los jueces y magistrados de restitución y en este caso logramos la primera restitución material de un territorio ancestral en la Orinoquía colombiana”, señaló el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton.
Desde la Unidad de Restitución de Tierras seguimos comprometidos con devolver la tierra a sus legítimos dueños, avanzar en la reparación integral de todas las víctimas de la violencia en el país y dar cumplimiento a las órdenes de las sentencias proferidas por los jueces y magistrados.
