Hoy se cumplen nueve años de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, y la Unidad de Restitución de Tierras como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha trabajado para que más de 380.455 hectáreas hayan sido devueltas a 70.277 personas y sus familias, despojadas por la violencia.
El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, afirmó que la restitución de tierras es un proceso de justicia transicional que ha avanzado de forma contundente para reparar de manera integral y garantizar el retorno al campo. “Con la restitución se hace justicia y se abre un camino de emprendimiento en las zonas rurales de nuestro país.
Los campesinos volvieron, recuperaron e hicieron productivas sus tierras y cuando se produzca el último fallo serán restituidas 3 millones de hectáreas, eso nunca se había hecho en la historia del país”, afirmó.
La restitución de tierras como proceso judicial ha resuelto casos de miles de hectáreas, la primera sentencia en la historia de la implementación de la Ley fue en el año 2012 a favor de 31 familias en el corregimiento de Manpuján, en el municipio de María La Baja, Bolívar.
En cuanto a proyectos productivos, que permiten la transformación de vida de las víctimas, en el caso de la vereda La Secreta, en Ciénaga, Magdalena, dentro de los beneficios otorgados por la justicia estuvo la iniciativa de cultivo de café, que ha llevado a que esta comunidad sea pionera en la exportación de café cultivado en terrenos restituidos, labor que realizan desde 2017.
Por otra parte, la Ley 1448 también ampara a los grupos étnicos que son sujetos de restitución; los avances en esta materia son históricos, en el Gobierno del presidente Iván Duque se presentó el 40% del total de las demandas necesarias para restablecer los derechos de las comunidades étnicas en el país.
A la fecha han sido presentadas 68 demandas que han favorecido a 10.175 familias indígenas y afrocolombianas; los jueces han proferido 18 sentencias étnicas, que han permitido la entrega de 225.128 hectáreas de tierra.
Castro explicó que los procesos de restitución se vienen desarrollando en más del 80% del territorio nacional, gracias a la gestión y el acompañamiento del Ministerio de Defensa Nacional y en las zonas a donde no se ha podido llegar, generalmente por temas de orden público, se avanza gracias a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y el acompañamiento de la Fuerza Pública.
Durante los nueve años de restitución se han recibido 125.469 solicitudes de inscripción, hechas por víctimas de la violencia, que buscan regresar a sus tierras y de estas, luego de ser validadas, se han inscrito 28.622 casos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
La entidad trabaja a toda marcha para garantizar que todos los casos sean atendidos y se presenten en debida forma ante las instancias judiciales.
Gracias a este trabajo ininterrumpido se han presentado 10.483 demandas ante los jueces especializados para reclamar los predios y territorios de campesinos y comunidades étnicas; con estas demandas, 20.907 casos fueron llevados ante los jueces y magistrados para su análisis y posterior decisión. A su vez, 5.758 sentencias de restitución de tierras fueron proferidas por los jueces y magistrados de restitución.
Los jueces y magistrados además de devolver la tierra a las víctimas han ordenado diferentes medidas de protección a quienes reclaman la tierra y a otros sujetos que deben ser protegidos, como los segundos ocupantes, a quienes la Ley les permite acceder a medidas de atención.
Algunas de las medidas de atención que se ordenan en los casos en los que hay segundos ocupantes incluyen la compra de predios, la implementación de proyectos productivos, y la formalización de la propiedad, lo cual permite que haya justicia y reparación sin generar nuevas víctimas.
Un campo de emprendedores Las sentencias contemplan, además de la restitución, distintas medidas que permiten que el retorno a la tierra sea sostenible para las víctimas. Así las cosas, la entidad, en cumplimiento de las sentencias, ha logrado poner en marcha 4.462 proyectos productivos, los cuales se han convertido en fuente de empleo y bienestar para las familias restituidas.
Para el avance de estos planes, la Unidad ha invertido $120.500 millones en emprendimientos de agricultura y ganadería, logrando, en algunos casos, que los productores se vuelvan exportadores.
Además, la entidad capacita a los beneficiarios para que logren comercializar sus productos sin intermediarios y mejoren su calidad de vida, con las estrategias de Agricultura por Contrato del MinAgricultura; solo durante la administración del Presidente Iván Duque se han firmado más de 500 acuerdos de comercialización de restituidos. “Nuestro objetivo es reeducar a los campesinos en unas dinámicas productivas y tecnológicas actualizadas. Apoyamos la comercialización de los ‘Frutos de la Restitución’ y la asociatividad para que nuestros campesinos tengan proyectos de vida sostenibles”, señaló Andrés Castro.
Es importante resaltar que la vigencia de la Ley 1448 de 2011 se planteó inicialmente para 10 años de implementación. No obstante, la vigencia se amplió por parte de la Corte Constitucional hasta el 7 de agosto de 2030.
