La Procuraduría General de la Nación requirió a la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, para que brinde una explicación a los usuarios acerca de aumentos que parecen injustificados en el servicio de energía, a pesar de la congelación de tarifas decretada este último mes por el Gobierno Nacional.
Ante las denuncias ciudadanas sobre cobros excesivos, la Procuraduría en carta a la superintendente solicitó ejercer inspección y vigilancia al cumplimiento de lo ordenado por el ejecutivo, respecto a la congelación de las tarifas de este servicio público esencial.
Así mismo, el ente de control instó a Avendaño García para que establezca si las mediciones de la energía se hicieron conforme a lo que determina la ley.
Los departamentos afectados con un presunto incremento injustificado en la facturación de los meses de febrero y marzo de 2020, serían Atlántico, Cesar, Córdoba Meta, Quindío, y Tolima, entre otros.
La Procuraduría reiteró a los servidores públicos y ordenadores del gasto de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, la obligación de cancelar los servicios públicos, incumplimiento que podría generar acciones de orden disciplinario, según lo dispuesto en la Directiva 022 del 10 de Diciembre de 2019.
