En los escritorios del grupo de tarea del sector salud que la Fiscalía General creó el pasado 2 de abril ya hay por lo menos 20 denuncias por presuntos malos manejos de recursos públicos para atender la emergencia del coronavirus.
Entre esas denuncias –de las que la próxima semana se empezarán a conocer decisiones judiciales– hay una por la que la Fiscalía General ya abrió una investigación porque presuntamente no se han trasladado los recursos que se debían entregar al hospital universitario Julio Méndez, de Santa Marta. En ese caso está citado para este jueves el abogado Julián Quintana para que amplíe la denuncia.
Casos como el de Santa Marta es uno de los que se han conocido por estos días y en los que vienen trabajando los organismos de control para evitar que en tiempos de emergencia sanitaria por el coronavirus –y en medio de la difícil situación económica que afronta el país– se terminen malgastando recursos por sobrecostos, malos usos del erario o corrupción. De hecho, este miércoles la Procuraduría y la Contraloría le pidieron al Gobierno que centralice las compras o se contrate conjuntamente con las entidades territoriales.
Casos como el de Santa Marta es uno de los que se han conocido por estos días y en los que vienen trabajando los organismos de control para evitar que en tiempos de emergencia sanitaria por el coronavirus –y en medio de la difícil situación económica que afronta el país– se terminen malgastando recursos por sobrecostos, malos usos del erario o corrupción. De hecho, este miércoles la Procuraduría y la Contraloría le pidieron al Gobierno que centralice las compras o se contrate conjuntamente con las entidades territoriales.
La Procuraduría General también está adelantando varios procesos y abrió 10 investigaciones disciplinarias en ocho departamentos. En total, el organismo está vigilando 2.017 contratos firmados desde el 20 de marzo, y que superan los 800.000 millones de pesos.
Uno de esos contratos está en Arauca, donde, en un convenio por 4.463 millones, se habrían pagado, según la Procuraduría, productos como atún por 19.000 pesos o bolsas de leche por 13.000.
Y en Cesar, la Procuraduría indaga sobreprecios de más del 50 por ciento en 29 contratos que no están publicados en el Secop.
Otro de los organismos que tiene la lupa sobre el tema es la Contraloría. En un informe conocido por EL TIEMPO, el organismo afirma que entre el 10 de marzo y el 5 de abril de este año se han suscrito 37.932 contratos en el país, de los cuales 5.189 están relacionados con la emergencia por el covid-19.
Al evaluar esos contratos, el organismo encontró sobrecostos en las compras de alimentos en 12 municipios de seis departamentos. Los sobreprecios más altos en ese periodo evaluado, según la Contraloría, están en Barrancabermeja (38,8%) con lentejas que cuestan un 52,9 por ciento más que el valor del mercado, o con un atún que cuesta un 48 % más.
Le sigue Coveñas, con un presunto sobrecosto del 31,7 %, en donde el kilo de arroz tiene un sobreprecio de un 41 %. Después está Acacías, con sobrecostos del 34,5 %, en donde, de nuevo, las lentejas y el fríjol se están pagando presuntamente un 50 % más caras.
En ese contrato, asegura el organismo, mientras se pagó por cada kit de alimentos 150.000 pesos, al comparar los precios de referencia del mercado del Dane, ese mismo kit costaba 118.023 pesos. Si se multiplica el sobrecosto por los 13.333 kits pagados, se habrían cancelado 426 millones de pesos de más.
Y, en Medellín, la Contraloría asegura que se firmó un contrato por 7.168 millones con la Corporación Colombia Avanza en el que en los costos se encontraron 531 millones de pesos de valores que estarían por encima de los que figuran en el Sistema de Información de Precios (Sipsa). Algunos de los presuntos sobreprecios que les llamaron la atención a los investigadores son el de un 29 por ciento en el fríjol cargamento y de un 18 por ciento en la leche en polvo.
En cuanto a la compra de kits de aseo y salud, la Contraloría advirtió presuntos sobrecostos en nueve municipios de nueve departamentos. Los más altos están San Antonio (Tolima), en donde se habrían comprado tapabocas un 71,5 % más caros; en Ocaña, con antibacteriales un 61,9 % más costosos que lo normal, y en La Unión (Valle), con tapabocas con precios un 66 % más altos, y overoles de bioseguridad un 64 % más caros, según el órgano de control fiscal.
Otro caso que advierte el organismo es el de Casanare, que firmó un contrato por 372.500 millones con Electromedicina SAS para comprar camas y camillas hospitalarias. En esa compra, el organismo encontró 24 camas hospitalarias pagadas cada una a 11 millones, cuando en el mercado había las mismas camas de cinco movimientos por 8,4 millones de pesos.
A la Contraloría también le llaman la atención los millonarios contratos de publicidad que se están haciendo por estos días. Entre el 10 de marzo y el 4 de abril, en el país se firmaron contratos por más de 17.700 millones, de los cuales un 11 por ciento (2.040 millones) se relacionan con publicidad sobre covid-19.
En algunos de esos casos, la Contraloría advirtió que los contratos de publicidad serían innecesarios o hay cuentas que no cuadran. Por ejemplo, la gobernación del Tolima firmó un contrato de publicidad que cuesta 7 millones al día. Aunque con ese costo diario el cálculo por los dos meses –en los que se contrató a León Gráficas SAS– daba un valor de 420 millones de pesos, la Gobernación pagó 1.020 millones.
