En la petición la precandidata liberal a la Gobernación de Casanare solicitaba que le ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y a ser elegida, por cuanto la Contraloría le impuso una inhabilidad fiscal para contratar con el Estado que va del 13 de mayo de 2014 al 12 de mayo de 2019, y una inhabilidad fiscal para desempeñar cargos públicos durante el mismo período.
El Tribunal Administrativo de Casanare consideró que “Finalmente es necesario precisar que no se entra a examinar si en el sub judice ocurrió la violación de los derechos fundamentales invocados por la actora (debido proceso y ser elegido), toda vez que , siendo constitucionalmente improcedente la acción, no hay lugar a examinar la controversia de fondo.
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